Lugo y el área de Ferrol no logran cobertura pública para abortar

El derecho a abortar con todas las garantías en la sanidad pública sigue siendo misión imposible para buen número de gallegas. Pero hubo avances en una comunidad donde la casi totalidad de los especialistas de los hospitales públicos, hasta hace bien poco, se negaba a interrumpir embarazos, por mucho que fuesen indicados por ajustarse a uno de los tres supuestos legales (por violación, malformación del feto, o grave riesgo para la vida o la salud de la madre).

La cifra de médicos de hospitales públicos en Galicia que se amparan en la objeción de conciencia para no realizar abortos sigue siendo elevadísima. En los de Ferrol, Santiago, Lugo y Pontevedra, no hay ninguno que acepte hacerlos. Pero la voluntariedad de un aún minoritario grupo de especialistas y las iniciativas de la Consellería de Sanidade para cubrir las intervenciones en clínicas de Galicia, ha rebajado el número de gallegas que, para abortar, se ven abocadas a reunir los 400 o 600 euros que cuesta la intervención en un centro privado -ninguno está equipado para abortos de riesgo, los de más de 12 semanas de gestación- o a recorrer cientos de kilómetros al ser desviadas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) a centros privados concertados en Madrid o Asturias. A los hasta hace poco únicos tres médicos que en los hospitales de Ourense y Vigo practican abortos se han sumado cinco del Materno de A Coruña.

Son aún pocos pero resuelven y mucho. Incluso fuera de sus áreas de influencia. Las mujeres de Santiago y de Pontevedra, donde todos los médicos de sus hospitales son objetores, son atendidas al ser desviadas a A Coruña u Ourense. Pero menos suerte tienen las residentes en la provincia de Lugo y el área sanitaria de Ferrol (22 municipios). Siguen sin lograr cobertura pública, por muy urgente o grave que sea el riesgo para la salud de la madre.

En el caso de la comarca ferrolana, la discriminación es aún más sangrante. Desde hace dos años, las mujeres de esa área tienen derecho, como en el resto de la provincia coruñesa, a que el Sergas pague la intervención gracias a un acuerdo con clínicas privadas. Para abortos de bajo riesgo (menos de 12 semanas de gestación), las residentes en A Coruña pueden acudir a su Centro de Orientación Familiar (COF), donde se le entrega un volante para que les atienda una clínica privada concertada, que será la encargada de autorizar la intervención, realizarla y pasar luego la factura al Sergas.

Embarazos de tres meses

Dada la escasez de médicos de hospitales coruñeses dispuestos a practicar abortos (sólo cinco), las interrupciones de embarazos de más de 12 semanas, que no pueden hacer clínicas privadas, se realizan en el Materno del Juan Canalejo. Eso sí, la intervención, por muy urgente que sea, se programa en función de las guardias de esos cinco ginecólocos. Pero la negativa del COF de Ferrol a recurrir a esta fórmula, que funciona en las áreas de A Coruña y Santiago, deja sin cobertura pública en Galicia a las mujeres de esa comarca. Para el director del COF de A Coruña, Xosé Vidal, hay, pese a todo, que destacar "un avance" evidente. Y más, confía, cuando la Consellería de Sanidade ponga en marcha, en mayo, el plan de atención integral de la mujer que obligue a los médicos de cabecera, en los centros de salud, a asumir campañas y consultas específicas para este colectivo.

Se trata de lograr que las mujeres tengan en su centro de salud la asistencia que ahora se deriva sistemáticamente a especialistas, como la prescripción de anticonceptivos, el seguimiento de la menopausia, la asistencia de embarazos o ginecología básica. El plan prevé dotar de matronas a todos los centros. Y busca garantizar asistencia específica y adecuada a las mujeres. "Es la primera vez que hay voluntad política para hacerlo", señala.