Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:

Descontrol fiscal en la Eurocámara

El Parlamento de Estrasburgo investiga irregularidades y posibles fraudes en los pagos con que los eurodiputados retribuyen a sus asistentes

Tras años de críticas y protestas, el Parlamento Europeo se ha visto obligado al fin a poner luz y taquígrafos en las asignaciones que reciben los eurodiputados para pagar a sus asistentes. Cada uno de los 785 parlamentarios recibe unos 15.500 euros mensuales para pagar a sus asistentes y estudios. En total, 140 millones de euros anuales, el 10% del presupuesto del Parlamento, con mucho descontrol. Las demandas de transparencia se multiplican. El presidente del Parlamento Europeo, Hans- Gert Pöttering, se quedó atónito, durante la pasada cumbre, cuando vio que el asunto de los asistentes acaparó su conferencia de prensa.

Cada eurodiputado dispone de 15.500 euros mensuales para sus ayudantes

Sólo el 22% de los justificantes de 2006 fueron considerados facturas adecuadas

La oficina europea antifraude investiga al menos cinco casos sospechosos

El último informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio de 2006, señalaba que "sólo un 22% de los documentos presentados por los diputados eran considerados como justificantes adecuados". Las sospechas se dispararon el pasado enero al trascender un informe confidencial del auditor del Parlamento Europeo que relataba una larga lista de irregularidades. El documento, de 92 páginas, pudo ser consultado exclusivamente por los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, con prohibición de su difusión.

El diputado holandés Paul van Buitenen, del Grupo de los Verdes, ha resumido las principales irregularidades: en dos casos el pago de toda la subvención (15.500 euros) se efectuaba a los llamados "proveedores de servicios" (empresas, fundaciones o partidos), que no tenían ningún asistente acreditado. En otro caso, el proveedor sólo contaba con un asistente, es decir, ganaba más que el diputado. En otros supuestos, el receptor de las subvenciones era una empresa comercializadora de madera y en otra un centro de ayuda a la infancia. En el 79% de los contratos, sujetos a IVA, no había registros de pagos por este impuesto. El 90% de los proveedores de servicios, que se contrataban a sí mismos, no cotizaba a la seguridad social.

De 75 casos de pagos a proveedores de servicios, sólo se presentaron 11 facturas y ninguna contenía los requisitos mínimos. Un caso en que la entidad proveedora de servicios era propiedad del diputado se ha enviado a la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE. El informe del auditor se basa sobre una muestra de 168 pagos de los 4.700 efectuados en octubre de 2004.

El diputado liberal británico Chris Davies, asegura que el informe desvela que "se han efectuado pagos regulares a partidos políticos, sin que hubieran proporcionado ningún servicio a cambio" y por la existencia de empresas de proveedores vinculadas a la familia del diputado.

El Tribunal de Cuentas, que viene denunciando el caso desde 1998, ha requerido al Parlamento que reclame los justificantes y si no los obtiene que "suspenda los pagos [a estos proveedores] y dicte las órdenes para recuperar las sumas no justificadas".

La OLAF, que está investigando cinco casos de supuesto fraude, ha obtenido el informe completo y prevé terminar su examen en el plazo de unos meses. El asunto ha sido también objeto de análisis por parte del Ombudsman de la UE, Nikiforos Diamandouros, quien a petición de un periodista del Malta Today requirió a la Eurocámara que diera la información sobre cinco diputados malteses.

Fuentes del Parlamento han subrayado que la auditoría del Parlamento había sido realizada por su propia iniciativa. Las mismas fuentes consideran que una parte de los problemas deriva de la gran disparidad de los sueldos de los diputados que van desde menos de 1.000 euros de algunos antiguos países del Este a los 13.000 de los italianos. Esta situación se corregirá sustancialmente el próximo año con la entrada en vigor del Estatuto del Diputado, promovido por el ex presidente Josep Borrell, que a la larga igualará los ingresos de los parlamentarios. Otras fuentes califican de "feudal" la situación de algunos asistentes.

El ecologista Gérard Onesta, vicepresidente del Parlamento, que lleva más de 10 años denunciando estas irregularidades, considera urgente "acabar cuanto antes con los proveedores de servicios, porque nunca sabes a donde va el dinero". "Soy partidario de que todos los diputados desvelen sus cuentas por sus actividades parlamentarias". A Onesta le inquieta "que se envenene el debate político con este tipo de asuntos que impiden discutir los temas de fondo como la energía o la reforma de la PAC".

Por su parte, el liberal Ignasi Guardans, de CiU, advierte de que "no se puede poner en el mismo saco las irregularidades administrativas y el fraude". Considera que la normativa actual es muy difícil de cumplir. "Yo he tenido que crear una pyme de cuatro personas y me resulta muy difícil estar al día de todas las normas". Guardans teme que estos problemas "sean utilizados por los euroescépticos para debilitar al Parlamento".

El pasado día 10, la Mesa del Parlamento decidió reformar este sistema de pagos. El objetivo es crear el Estatuto del Asistente y que los asistentes sean contratados directamente por el Parlamento a propuesta del diputado. Para Onesta, "es un asunto que se podría resolver en una hora".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de marzo de 2008