Media España sin justicia

El Palacio de Justicia de Ciudad Real disimula mal el caos que hay dentro. Es un edificio nuevo de metal y vidrio que permite ver las salas de trabajo sin nadie dentro, llenas de papeles amontonados, funcionarios en asamblea, salas de juicios vacías y fiscales sin ocupación. Es un ejemplo del efecto de más de cinco semanas de huelga indefinida de los funcionarios de Justicia de siete comunidades autónomas, las que no tienen transferidas las competencias. Cientos de procesos se ponen en una cola que crece cada día que pasa sin acuerdo entre los sindicatos y el ministerio. Jueces, fiscales, secretarios, abogados y funcionarios consultados están de acuerdo: si hoy mismo se reanudase el trabajo se tardaría alrededor de un año en ponerlo al día.

Los funcionarios piden equiparación salarial en todas las autonomías

Los 10.500 trabajadores llamados al paro son "la locomotora de la Justicia", dice Antonio Mejía, magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Ciudad Real. "Nosotros podemos ser los maquinistas, pero sin ellos no avanzamos y esto es un caos". Los jueces como él, los fiscales o los secretarios judiciales no están en huelga; tienen un régimen distributivo distinto, pero prácticamente no pueden trabajar.

Ni ellos, ni los procuradores o muchos abogados de Murcia, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias, donde hay 20 provincias afectadas y 70.000 procesos paralizados, según los sindicatos convocantes (CC OO, UGT, CSIF y STAJ). El ministerio no tiene datos al respecto, pero ha encargado a los secretarios judiciales un informe que tendrán listo mañana.

La diferencia salarial entre los funcionarios en huelga y los del resto de autonomías es de unos 200 euros mensuales. Las nueve reuniones con el ministerio no han servido para llegar a un acuerdo. El mayor escollo que queda es el de los salarios de este año, cuando el ministerio ofrece 110 euros de subida. En 2009 ya contempla un aumento de 180 euros. Ambas partes se acusan entre sí de no dar su brazo a torcer. Los sindicatos llaman "soberbio" al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El Ministerio asegura que "a pesar de lo manifestado por los representantes sindicales de los funcionarios", ha mantenido "numerosas reuniones" y ha planteado "sucesivas propuestas de mejora de las condiciones económicas de los funcionarios". Juan Antonio Martín, de CSI-CSIF, responde: "Nosotros tenemos sobre la mesa nuestra petición de 200 euros; quienes esperamos una oferta somos nosotros". Y desde el martes la esperan dentro del Registro del Ministerio de Justicia, en la calle de San Bernardo de Madrid. Un centenar de trabajadores se encerraron allí para pedir una nueva reunión. Y otros tantos que fueron a reemplazarlos, pero no pudieron entrar, cortaron esta céntrica vía durante dos horas.

Entretanto, muchos de los trabajadores comienzan a tener problemas para pagar la hipoteca después de más de un mes sin cobrar. Acuden al puesto de trabajo cada mañana a protestar y a las asambleas informativas. Acompañan a sus compañeros que hacen servicios mínimos -el seguimiento del paro es del 90%, según los sindicatos- y marchan a las respectivas subdelegaciones del Gobierno en manifestación todos los días. Se sienten comprendidos por la gente y por otros gremios cercanos. Los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ya consideraron que la suya era una reivindicación "justa".

Y cada vez se suman más voces para alertar de la gravedad de la huelga. Ayer fue la del presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, que pidió al ministro "que haga lo necesario para conseguir el fin inmediato de la huelga".

A efectos prácticos, cualquier persona que esté implicada en un proceso judicial puede verse damnificada por el paro. Los servicios mínimos sólo están dando salida a los juicios de lo penal en lo que hay conformidad de las partes, o en los que está implicado un preso. Lo demás está prácticamente parado. Alguien juzgado que esté a la espera de sentencia, que tenga una reclamación a la Administración o que se haya querellado con el vecino de abajo puede estar esperando mucho tiempo hasta tener noticias de un juicio o una sentencia.

Los registros civiles son el problema más visible para la mayoría de los ciudadanos. En Ciudad Real, los expedientes de recién nacidos se acumulan en carpetas. Ningún bebé que haya llegado al mundo después del 19 de febrero existe a efectos legales. Tampoco hay registrados fallecimientos desde el 4 del mes pasado, cuando comenzó la huelga. Miguel Ángel Naranjo, funcionario del registro, explica que sólo se tramitan permisos de enterramiento. "Pero seguro que hay muchos fallecidos cobrando sus pensiones, porque aquí no los estamos registrando". Estos trámites se irán recuperando poco a poco, pero para otros muchos, "el año judicial está perdido", coinciden trabajadores y jueces.