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Aguirre llama a incumplir la ley educativa

Madrid permitirá objetar a la materia de Ciudadanía tras la sentencia de Andalucía

El Gobierno de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, vuelve a la carga contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Hace dos días, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoció, por primera vez en España, el derecho de unos padres a ejercer la objeción de conciencia respecto a esta materia obligatoria según la ley.

Madrid espera una "avalancha" de objeciones a la asignatura

Los alumnos se quedarían sin el título de ESO hasta el fallo del Supremo

Y ayer, el Ejecutivo regional, que este año aún no la imparte y que siempre ha mostrado su férrea oposición, anunció que los que se declaren objetores en Madrid quedarán exentos de cursarla y de ser evaluados. Pero los niños que objeten se quedarán en el limbo y sin el título de la ESO hasta que el Supremo no se pronuncie sobre la sentencia andaluza, que se va a recurrir, según el Ministerio de Educación.

Tras esta sentencia, Madrid espera "una avalancha de objeciones" y, aunque el tribunal se pronuncia sobre el caso concreto de un alumno, la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, dijo que sus argumentos son "de aplicación universal" y tienen "plena validez". La consejera ha cifrado en 1.113 las objeciones recibidas en su departamento, la mayoría, de "cinco colegios" que han "objetado en bloque". Hasta que el alto tribunal se pronuncie harán una lectura de la ley "lo más garante posible y lo más favorable posible" para los derechos de los padres, afirmó Figar. La sentencia del Supremo se puede demorar meses o años y, después, queda la posibilidad de recurrir al Constitucional.

El plan de Madrid es que los alumnos cuyas familias objeten el año que viene, cuando se empiece a dar Ciudadanía -este curso ha comenzado a cursarse en siete comunidades- desarrollen durante esas horas las actividades educativas que considere el centro, explicó Figar. Por ejemplo, trabajos semejantes a los que realiza un estudiante que no puede hacer Educación Física y nunca refuerzo de las otras materias. "Haremos compatible el cumplimiento de la ley con estimar positivamente las objeciones que se presenten", aseguró la consejera.

El Ministerio de Educación, sin embargo, no lo cree posible. Es una decisión "irresponsable, porque llama al incumplimiento de una ley orgánica [la que introdujo en 2006 Ciudadanía] aprobada por el Parlamento y porque se apoya en una sentencia que va a ser recurrida [por la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado] y que es contradictoria con otras de Asturias y Cataluña [que no han admitido la objeción]", señalaron ayer fuentes del ministerio. Además, aseguraron que lo que se está poniendo en peligro es el futuro de los estudiantes que objeten, ya que, si no se reconoce finalmente esta posibilidad, no recibirán el título de la ESO. Recuerdan que no se ha presentado ningún recurso de inconstitucionalidad a la ley educativa que introduce Ciudadanía y creen que el Gobierno madrileño está haciendo una utilización política de este tema.

En mayo del año pasado, justo antes de las elecciones autonómicas, Aguirre prometió convalidar la asignatura de Ciudadanía a los objetores con actividades de voluntariado. Poco después, el presidente del PP, Mariano Rajoy, le recordó que se trata de una materia obligatoria y que hay que cumplir la ley. Y finalmente, Aguirre dijo que en Madrid se iba a enseñar "la mínima" Ciudadanía que la ley permita.

El Gobierno de PSOE defiende Ciudadanía como una asignatura (se ofrece en un curso de primaria y dos de secundaria), impulsada por la UE, que se enseña en la mayoría de los países europeos y que pretende transmitir a los jóvenes los valores constitucionales, los derechos universales o la igualdad. Para Aguirre se trata de "adoctrinar" y comparte este razonamiento con los obispos, algunos de los cuales también han llamado al boicot, y con varias asociaciones conservadoras que lo han promovido, han puesto los medios para que los padres objeten y aseguran que hay 27.000 objeciones presentadas en España. Entre otras, son el Foro de la Familia, Profesionales por la Ética o la Confederación Católica Nacional de Padres (Concapa).

El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó ayer que se va a recurrir la sentencia andaluza porque no está de acuerdo con el fondo y, aunque destacó su "respeto" a la decisión, se mostró preocupado porque uno de los ponentes que la ha dictado es el hijo del presidente de honor del Foro de la Familia. Este juez ha recibido el apoyo de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, consideró "miserable" recurrir a "consideraciones personales".

Un frente de oposición permanente

- Tabaco. Madrid ha abanderado la lucha contra la ley antitabaco. Un decreto más permisivo que la ley estatal

ha llevado a Sanidad a dejar a la comunidad sin ayudas.

- Listas de espera. La comunidad manipuló el sistema nacional de contabilidad de listas de espera quirúrgica, lo que le llevó a ser expulsada del cómputo nacional.

- Vacunas. Seis meses duró el acuerdo entre todas las comunidades sobre el calendario de vacunas infantiles. En octubre de 2006, la comunidad madrileña lo rompió.

- Dependencia. Madrid fue la última comunidad en dar datos al Gobierno sobre sus grandes dependientes.

- Educación. Aguirre intentó implantar la Ley de Calidad del PP, a pesar de que el PSOE la paralizó al llegar al Gobierno.

- Vivienda. Madrid era la única región que, a finales de febrero, no había aprobado ninguna solicitud de ayuda a la vivienda para jóvenes otorgada por el Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de marzo de 2008

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