De la Vega: "Los poderes públicos no están para hacer asonadas ni para llamar a la insumisión"

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido tajante esta mañana al expresar el rechazo del Gobierno a la postura tramontana de la Comunidad de Madrid ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "Los poderes públicos no están para hacer asonadas ni para llamar a la insumisión", ha dicho De la Vega al término del Consejo de Ministros sobre la promesa hecha ayer por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Madrid eximirá de cursar esta materia a todo niño madrileño cuyo padre objete, en aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

"No voy a hacer una valoración política de decisiones judiciales", ha declarado la vicepresidenta, al tiempo que ha recordado que "hasta ahora, lo que había son distintas sentencias de distintos tribunales todas coincidentes". La portavoz del Gobierno se refería a otros fallos como el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó a través de un auto y con un voto particular la petición de un colegio, marcadamente católico, de quedar exento de impartir la materia porque cree que choca contra su ideario. Frente a este fallo y al de Asturias, en la misma línea, hace dos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció, por primera vez en España, el derecho de unos padres a ejercer la objeción de conciencia respecto a esta materia obligatoria según la ley.

Y ayer, el Ejecutivo regional, que este año aún no la imparte y que siempre ha mostrado su férrea oposición, anunció que los que se declaren objetores en Madrid de cara al curso que viene quedarán exentos de cursarla y de ser evaluados. "La llamada a la insurrección del Gobierno de derechas que gobierna en Madrid es muy grave, un Gobierno que sirve a los ciudadanos no puede no puede llamar al incumplimiento de una ley orgánica aprobada por el Parlamento", ha dicho De la Vega, para recordar a Esperanza Aguirre que las leyes están para "respetarlas y cumplirlas por encima de todo", más allá de las ideologías. En este sentido, ha afirmado que los poderes públicos son precisamente los que tienen que "vigilar" por este cumplimiento y respeto.

Aguirre: "No hay insumisión"

También le parece muy grave a De la Vega que "están engañando a los padres y poniendo en peligro la educación de sus hijos". Los niños que objeten se quedarán en el limbo y sin el título de la ESO hasta que el Tribunal Supremo, al que va a recurrir la Fiscalía, no se pronuncie sobre la sentencia andaluza. Educación para la Ciudadanía es una materia obligada por una norma estatal, la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada en 2006. Los alumnos no pueden aprobar el curso completo si no la superan. Impartir asignaturas alternativas carece de validez legal. De la Vega ha recordado que "desde septiembre de 2007, más de 200.000 alumnos están cursando esta asignatura con total normalidad en España, como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno". "La ley se está cumpliendo con total normalidad", ha agregado, para subrayar que en su opinión Aguirre está "politizando" la Educación.

Ajena a las críticas -el Ministerio de Educación calificó ayer de "irresponsabilidad" la postura de Madrid- Esperanza Aguirre ha señalado hoy que la asignatura será sustituida por tareas de voluntariado para aquellos que objeten. Aguirre, que ha hecho estas estas declaraciones en Telemadrid, ha subrayado que "no hay insumisión" a la legislación por parte de la Comunidad de Madrid. Se ha escudado para negar la rebeldía que "de hecho, ya ha salido una sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se dice que son los padres quienes tienen el derecho a educar a sus hijos, según las convicciones que tengan".

La presidenta regional ha explicado que la asignatura "tiene cinco partes y el PP está de acuerdo con las dos primeras, las referidas a la Constitución y los Derechos Humanos. Las partes restantes se dedican a ética y política con un tipo de connotaciones que no tienen por qué convencer a todos los padres". La presidenta ha puntualizado que "Madrid va a cumplir la ley estrictamente, pero, si alguien ha dividido a los españoles entre ciudadanos de primera, segunda y tercera, ese ha sido el PSOE, que ha sido capaz de decir que el Parlamento Nacional cuando tenga que elaborar un presupuesto, deberá pedir permiso a una Comunidad Autónoma".

La Comunidad de Madrid eximirá de Educación para la Ciudadanía a los niños que objeten cursarla