Uribe intenta sentar a Chávez en el banquillo por apoyar a las FARC
Colombia denunciará ante la Corte Penal Internacional al presidente venezolano por financiar a la guerrilla
Los únicos proyectiles que se dispararon ayer en los Andes fueron diplomáticos, pero de artillería pesada: el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quiere sentar a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI). Uribe asegura que el material del que se ha incautado el Ejército colombiano en la acción que acabó con la vida del número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, es suficiente para incriminar al presidente venezolano y acusarle de "patrocinio y financiación de genocidio".
Bush respalda a Bogotá y denuncia "provocaciones" de Caracas
Venezuela sella la frontera, por donde entraba a diario carne y leche
Correa asegura que Uribe ha abortado un plan para liberar a Betancourt
La ofensiva de Colombia contra las FARC en tierra ecuatoriana ha provocado una grave crisis entre Colombia, de un lado, y Ecuador y Venezuela, del otro, que han alimentado el fantasma de la guerra con el envío de tropas a sus respectivas fronteras con Colombia. La tensión seguía ayer muy alta e incluso subió otro peldaño con la decisión de Uribe de denunciar a Chávez ante la Corte Penal Internacional.
La principal prueba esgrimida por Bogotá proviene de documentos encontrados en los ordenadores requisados en la última operación contra la guerrilla. Según Bogotá, demuestran que Chávez entregó a las FARC armas y efectivo por valor de 200 millones de euros.
Las posibilidades de que la demanda prospere son escasas, según explican fuentes jurídicas consultadas en La Haya, informa Isabel Ferrer: este tribunal, creado en 1998 para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio, sólo ha abierto por ahora cuatro causas, todas africanas: Uganda, Sudán (por Darfur), República Popular del Congo y República Centroafricana.
La decisión tiene valor político porque implica encausar al jefe de Estado vecino con acusaciones muy graves. Pero su endeblez jurídica era subrayada ayer mismo en Bogotá: el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez dijo que su único efecto era convertir el conflicto en "irreversible". "Se le han ido las luces", afirmó el senador Gustavo Petro.
La artillería diplomática desplegada por Colombia llegó también a Ginebra, donde se celebra la Conferencia de Desarme de la ONU. El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, denunció que las FARC estaban intentando conseguir grandes cantidades de uranio para construir una "bomba sucia", lo que dificultaría aún más cualquier colaboración con la guerrilla.
Colombia recibió ayer el "completo apoyo" de Washington para su combate. No fue ninguna sorpresa -es el aliado más estrecho de EE UU en América Latina-, pero George W. Bush quiso solemnizarlo para dejar claro que le da la máxima importancia. Bush recalcó su respaldo al "aliado democrático" y al mismo tiempo denunció las "maniobras provocadoras" de Caracas.
Venezuela inició ayer mismo la movilización de tropas hacia la frontera. "No le hemos declarado la guerra a nadie; la salida de tropas constituye una medida preventiva", afirmó el ex coronel Diosdado Cabello, gobernador del Estado de Miranda.
Chávez ordenó el cierre de la frontera con Colombia, otra medida que sirve a Caracas para subrayar la tensión, pero que puede llevarle nuevas complicaciones internas en un momento en que la inflación está descontrolada y hay problemas con la distribución de alimentos. El comercio bilateral alcanzó en 2007 los 3.300 millones de euros, según el Gobierno venezolano, que ayer minimizó, sin embargo, los efectos de la medida.
"En estos momentos no dependemos en absoluto de Colombia gracias a la diversificación de nuestro suministro de alimentos", subrayó el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua. Por la frontera entre ambos países pasan camiones con carne y leche por valor superior a los dos millones de euros. Venezuela es el segundo receptor de productos colombianos, lo que ha causado inquietud entre los empresarios colombianos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tampoco dio ningún signo de distensión. Al contrario: inició una gira regional -incluirá paradas en Perú, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Panamá y República Dominicana- para explicar y denunciar "la grave situación originada" por la incursión militar de Colombia en Ecuador. "Colombia es un peligro para la región. Si se le permite atacar a un Estado soberano con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, le puede pasar a cualquier país", advirtió.
Antes de partir, Correa dio a conocer supuestas negociaciones de su Gobierno con las FARC para liberar rehenes -entre ellos, a la franco-colombiana Ingrid Betancourt- y acusó a Bogotá de haber abortado esta posibilidad. El mensaje causó estupor en Colombia, porque nadie conocía estos contactos, lo que enrareció todavía más un clima ya muy caldeado.
Según Correa, el ataque colombiano desbarató la liberación "inminente" de Betancourt, dos norteamericanos, un ecuatoriano y ocho uniformados colombianos. "Todo fue frustrado por las manos guerreristas y autoritarias", aseguró el mandatario, quien recalcó que cualquier contacto con la guerrilla "ha sido por motivos humanitarios, como ha ocurrido con países como Francia". "¿Acaso se le ocurriría a alguien acusar al presidente [Nicolas] Sarkozy de apoyar a las FARC?", se preguntó Correa.
Las FARC difundieron un comunicado en el que aseguran que Raúl Reyes estaba tratando de organizar una reunión con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para explorar la posibilidad de liberar a Betancourt. El mandatario francés, de viaje a Suráfrica, se negó a comentar el comunicado de la guerrilla.
Fuentes diplomáticas españolas subrayaron ayer que el último contacto del llamado grupo de facilitadores (Francia, España y Suiza) con las FARC, representada precisamente por el fallecido Raúl Reyes, se produjo a mediados de junio del año pasado, poco antes de que el Gobierno colombiano les retirase su respaldo, informa Miguel González. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, "redobló" ayer su llamamiento para la vuelta al diálogo y la cooperación entre los tres países implicados en la crisis.
La Corte Penal Internacional
- La Corte Penal Internacional (CPI) es un organismo judicial independiente con sede en La Haya, que no pertenece al sistema ONU, y con competencias para juzgar a responsables de crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad.
- 105 Estados han aceptado la competencia de la CPI ratificando su Estatuto. Entre ellos no figura Estados Unidos, China ni Rusia.
- Los Estados firmantes y el Consejo de Seguridad de la ONU pueden denunciar crímenes ante la CPI y solicitar la acción de su procurador. Éste también puede actuar por iniciativa propia.
- La CPI complementa las jurisdicciones nacionales, y actúa sólo cuando éstas no pueden o quieren perseguir crímenes sobre los que ella tiene competencia.
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