El Consejo de Seguridad refuerza las sanciones contra Teherán

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó ayer, por una amplia mayoría, una nueva resolución exigiendo a Irán que suspenda su programa nuclear y activando el régimen de sanciones. Para ello, se imponen nuevas restricciones al comercio de bienes civiles y militares con la República Islámica, y se pide que se vigilen las actividades financieras de dos bancos.

Las entidades sospechosas son el Bank Melli y el Bank Saderat. Además, se contempla la congelación de activos de una docena de compañías y otra docena de individuos vinculados al programa atómico y de misiles balísticos. Los países deberán informar a la ONU sobre los viajes que realicen a su territorio las personas en la lista. Y se amplía la prohibición de viajes.

La resolución también pide que se haga un "ejercicio de vigilancia" al firmar nuevos acuerdos comerciales con Irán, y autoriza a que se realicen inspecciones a las mercancías de doble uso (civil y militar) que tengan como origen o destino este país. Se trata de la tercera ronda de sanciones que el Consejo de Seguridad decide contra Irán, que completa las resoluciones adoptadas en diciembre de 2006 y marzo de 2007.

El texto, impulsado por Francia, Reino Unido y Alemania, con el respaldo de EE UU, no contó con el apoyo unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Indonesia se abstuvo en el voto, porque consideran que el último informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), del pasado 22 de febrero, muestra progresos y considera que las nuevas sanciones crean una tensión innecesaria. Las potencias occidentales consideran que Irán sigue desafiante, al no suspender las actividades de enriquecimiento de uranio y por eso dicen que es necesario que se lance desde la ONU una clara señal política hacia Teherán. Washington buscaba más. Sus intenciones se vieron aguadas por sus propios servicios de espionaje, que en diciembre afirmaron que Irán abandonó su programa para desarrollar la bomba nuclear en 2003.

Mohammad Khazee, representante iraní ante la ONU, rechazó los términos de esta nueva reprimenda e insistió en que su plan nuclear es de carácter civil (para producir electricidad). También defendió su derecho a desarrollar esta tecnología, por lo que considera que la resolución es ilegal, al violar uno de los principios básicos del Tratado de No Proliferación Nuclear, y mina la credibilidad del organismo.