Disidentes en libertad

El Gobierno cubano ha liberado a cuatro presos políticos pertenecientes al grupo de los 75, condenados en 2003 bajo la acusación de conspirar con Estados Unidos y atentar contra la independencia y soberanía de la isla. La liberación se produjo apenas unos días después de la segunda reunión del "mecanismo de diálogo" que establecieron los Gobiernos de Madrid y La Habana en abril de 2007.

La puesta en libertad de personas encarceladas únicamente en razón de sus ideas es siempre una buena noticia. Pero es, por otro lado, un recordatorio fehaciente de que el régimen cubano mantiene más de dos centenares de presos políticos. El gesto de gracia de La Habana hacia estos disidentes sólo ha sido posible porque, previamente, había conculcado sus derechos políticos, como hace, por lo demás, con el conjunto de los habitantes de la isla.

El Gobierno cubano ha querido dejar constancia desde el primer momento de que se trata de una excarcelación por razones humanitarias, dando a entender que no somete a discusión las penas impuestas a los disidentes. Incluso ha liberado al mismo tiempo a otros tres presos no identificados, aunque seguramente condenados por delitos comunes, para sugerir que la consideración que le merecen unos y otros es la misma. Puede que el régimen castrista no haya medido todas las consecuencias de adoptar tales cautelas. Si pretendía con ellas que estas excarcelaciones fueran interpretadas como un signo de flexibilidad pero en ningún caso de debilidad, el efecto conseguido es diferente: al insistir en el aspecto humanitario de la decisión, parece estar poniendo de relieve una voluntad de mantener intacto el aparato represivo.

La diplomacia española, por su parte, ha señalado que la liberación de los cuatro disidentes es una decisión unilateral de las autoridades cubanas, aunque la ha enmarcado en la apuesta por la política de diálogo que mantiene con la isla. Se trata, sin duda, de una aproximación más inteligente y constructiva que el anterior bloqueo de las relaciones. Pero también acarrea riesgos: el balance de la diplomacia española hacia Cuba no puede limitarse a la excarcelación de más o menos presos, sino a impulsar una transición que ponga fin, de una vez por todas, al castigo de la disidencia política.