Colombia planta cara al terrorismo

Las previsiones saltaron por los aires y "el millón de voces" que buscaba la convocatoria se quintuplicó: 4,8 millones de colombianos se volcaron el lunes en las calles para protestar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por primera vez en la historia del país, la ciudadanía expresaba su repudio a una guerrilla anacrónica que la castiga con sus atrocidades desde hace cuatro décadas. Los colombianos han exigido la libertad de 700 rehenes y han dejado claro que no quieren que nadie secuestre su futuro.

"Ha sido un respaldo unánime a la institucionalidad democrática y a la lucha del Estado por recuperar la seguridad y neutralizar el terrorismo", dice desde Bogotá el analista Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia. "Esta movilización marca un antes y un después en Colombia".

El objetivo era reunir "un millón de voces". Fueron casi cinco millones

Algunos analistas pronostican rupturas en el seno de las FARC

Frente a otras marchas contra la violencia, la del lunes llegó a los rincones más apartados del país, congregó a todas las clases sociales y apuntó claramente al enemigo. "Nunca había pasado nada igual", ratifica Alfonso Cuéllar, editor de la revista Semana. "Hay un elemento que congrega a los colombianos: nadie quiere saber nada de las FARC".

Si la guerrilla, acusada de crímenes de lesa humanidad y considerada grupo terrorista por la Unión Europea, creía que con las "pruebas de vida" de algunos de sus secuestrados iba a ganarse el respaldo popular para forzar al Gobierno a aceptar sus exigencias, erró el tiro. Los vídeos y los mensajes de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y de varios rehenes canjeables (políticos y militares) dejaron en evidencia el trato degradante a los cautivos y horrorizaron a la opinión pública. Las mentiras de las FARC en el caso Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, y la injerencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, espolearon la indignación.

"Este cambio de actitud se venía cocinando y no puede desligarse de los efectos de la política de seguridad del Gobierno de Álvaro Uribe, que le ha quitado el miedo a la gente", señala Román Ortiz, politólogo español y experto en seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, en Colombia. "El grado de repulsión hacia las FARC es el mismo que en 2000. Pero entonces las FARC estaban rodeadas del mito de la imbatibilidad. Hoy las principales vías de comunicación y las ciudades son seguras. Los frentes que cercaban Bogotá fueron barridos en 2003. El conflicto está en las zonas más remotas".

El proceso, según Ortiz, es similar al experimentado por la opinión pública española respecto a ETA. "Hubo que liberar a la gente del miedo y luego empezó a manifestar su repulsa". Algunos medios han recordado la reacción al asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997. "España se movilizó contra un grupo terrorista con nombre propio, sin ambages ni rodeos", decía el diario El Tiempo. Y la hora, añade, ha llegado para Colombia.

"Durante años hubo una confusión del lenguaje que nos convertía en un Estado paria", señala un asesor presidencial que pide el anonimato. "Se hablaba de 'guerra civil' y no de terrorismo por parte de unos tipos financiados por el narcotráfico; de 'prisioneros de guerra' en lugar de secuestrados; de 'solución negociada'..." Ahora, señala este asesor, las cosas están claras.

Y ésa es una de las consecuencias políticas de la movilización del lunes. "Las instituciones salen reforzadas y también la imagen internacional del Gobierno", señala Alfredo Rangel. Hoy más que nunca queda en evidencia la brecha entre un grupo armado de inspiración marxista que vive enquistado en el pasado y un país de 45 millones de habitantes que mira hacia otro lado. El 74% de la población es urbana, el crecimiento económico supera el 7% anual, la inversión extranjera fluye como nunca antes. La historia ha sobrepasado a las FARC, pero ¿cuál puede ser el efecto de la movilización? Algunos analistas no creen que una guerrilla que maneja unos 340 millones de euros anuales atienda al clamor popular. "A las FARC no les interesa liberar a los rehenes porque son su mejor baza para mantener la atención. Sin ellos, dejarían de existir", dice el periodista Alfonso Cuéllar.

"Yo sí pienso que tendrá un efecto desmoralizador", contrapone Alfredo Rangel. "A los dirigentes les deja claro que su proyecto político armado no tiene posibilidad de éxito". Otros expertos consultados no descartan que haya rupturas en la guerrilla, y que algunos sectores abandonen un barco averiado para incorporarse a la política legal. En la selva, dicen, se quedarán los duros y los narcotraficantes.