El PP ataca en Andalucía clases de idiomas que imparte donde gobierna

La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Es lo que le ha pasado al PP con su crítica a la promesa del PSOE andaluz de promover el estudio de catalán, gallego y euskera en las 46 escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Los populares han censurado durante cuatro días esta propuesta ("una pesadilla", según su líder, Mariano Rajoy), sin percatarse de que en cuatro comunidades en las que gobiernan ya se imparten estas lenguas a través de sus escuelas oficiales de idiomas.

Así, Madrid, Valencia, Castilla-León y Navarra (donde el PP gobierna con la marca de Unión del Pueblo Navarro) ofrecen el aprendizaje de las lenguas cooficiales desde hace años. En concreto, Madrid lo lleva haciendo desde hace 25 años. Este curso están matriculados entre 130 y 140 alumnos en catalán y euskera. La mitad, unos 70, en gallego. "Son idiomas en auge", explica una de las profesoras de la Escuela Oficial de Idiomas de la calle Jesús Maestro de Madrid.

La Comunidad Valenciana imparte cursos de gallego y tiene previsto ofrecer euskera el próximo curso, según un responsable de la escuela de Valencia. En Castilla-León, estos centros ofrecen gallego y euskera, pero no catalán. En Navarra, las escuelas imparten el euskera. Las otras comunidades gobernadas por el PP -Murcia y La Rioja- no imparten estas lenguas.

El PSOE andaluz ha incluido esta propuesta en su programa electoral para, según el presidente de la Junta, Manuel Chaves, facilitará la movilidad laboral.

La dirección de la mayor caja vasca, la Bilbao Bizkaia, con unos 3.000 empleados, explicó ayer que "la empleabilidad se incrementa notablemente con el conocimiento de las lenguas".La multinacional francesa Michelín, que tiene en el País Vasco unos 4.500 trabajadores, destacó la mejora la capacidad de entendimiento.

Frente a estas opiniones, José Carlos Larrañaga, responsable de FríoMar, una sociedad gaditana, con origen vasco, que considera "lamentable" que se fomente estas lenguas para que los trabajadores emigren a otras comunidades. "Es una medida que nos retrotrae a hace 60 años", espetó.