Francia y Alemania se oponen a la división de los grupos energéticos

Francia y Alemania plantearon finalmente de una manera formal su rechazo a una de las propuestas más emblemáticas de la Comisión Europea en materia de energía. Bruselas lleva más de un año planteando que la propiedad y la gestión de las redes de gas y electricidad se las debe "separar" de las actividades de suministro y producción para garantizar una efectiva competencia. La propuesta comunitaria supone la división de los grandes conglomerados energéticos como el alemán E.ON, y los franceses Electricité de France y Gaz de France.

Ocho países resaltan las consecuencias sociales negativas del plan de la CE

Bruselas considera que mediante el control de las redes de transporte las grandes compañías energéticas pueden seguir dominando el mercado impidiendo el acceso a nuevos competidores. En caso de no aceptar la separación empresarial, la Comisión propone una segunda opción: "la del gestor de redes independiente". Esta segunda vía menos drástica permite que las grandes empresas puedan mantener la propiedad de la red a condición de que las instalaciones de transporte sean gestionados verdaderamente por una empresa o entidad completamente independiente.

La separación de propiedad de las grandes empresas energéticas para aumentar la competencia ha sido defendida reiteradamente por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso; el comisario de Energía, Andris Piebalgs, y la responsable de Competencia, Neelie Kroes. El Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno lo aprobaron en marzo de 2007.

Las dos vías (la separación de propiedad, ownership unbundling, OU y el gestor independiente Independent System Operator (ISO), han sido frontalmente por Francia y Alemania y otros seis otros países (Austria, Bulgaria, Grecia, Luxemburgo Letonia y Eslovaquia. Este grupo de ocho países enviaron una carta el pasado 29 de enero a Andrej Vizjak, ministro de Economía de Eslovenia, que ocupa la presidencia de turno de la UE en la que detallaban las cinco razones por las que rechazaban la propuesta de la Comisión.

La misiva afirma que "el OU no es compatible con la ley constitucional y el libre movimiento de capitales", y además "estamos profundamente preocupados por las consecuencias sociales negativas, que indudablemente generará". Los ministros firmantes de la carta indican que "no vemos que el OU tenga consecuencias positivas sobre la inversión y los precios". Añaden que "el OU no respeta el principio de proporcionalidad, puesto que otras soluciones efectivas son posible y no implican los aspectos negativos" (de la separación). Estos países "no creen que la separación de propiedad es per se una herramienta suficiente para proporcionar apertura adicional a los mercados de gas y electricidad". Junto a la carta han presentado una propuesta que persigue los mismos objetivos de la Comisión de garantizar "un nivel de inversión en las redes y aumentar la integración de los mercados".

Este modelo se basa en dos pilares. Un primero que garantiza la efectiva independencia de las redes de transmisión con un control de los activos y de personal. El segundo pretende asegurar las inversiones necesarias.