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Empezó siendo el caso Leganés y ha terminado siendo el caso Lamela. Han pasado casi tres años desde que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, del PP, iniciara la persecución judicial del equipo de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, con una acusación desmesurada: 400 posibles casos de homicidio por sedación irregular de enfermos en situación terminal.
Muchas de las personas que han muerto en los últimos meses estaban pendientes de recibir una de las ayudas públicas previstas en la Ley de Dependencia, que pueden solicitarse desde el 23 de abril. No llegaron a tiempo. Ni la madre de María Luisa Sanjuán, en Cantabria, ni la de Raimundo Herrera, en Madrid.
El Fiscal Superior de La Rioja Juan Calpasoro con los padres de Enaitz Iriondo / EFE
El juicio que se celebra hoy en Haro, La Rioja ha sacado a la luz un tipo de casos que pasan a menudo por los tribunales: víctimas fallecidas pero acusadas. Hoy los padres de Enaitz Iriondo irán a juicio porque el conductor que arrolló a su hijo, que murió a consecuencia del accidente, demanda 20.000 euros por los daños que sufrió su vehículo, un Audi A8.
Jesús de Polanco recibe del Gobierno a título póstumo el reconocimiento al mérito en el trabajo
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