No hubo nada

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado el sobreseimiento y archivo acordado hace siete meses por el juzgado de instrucción que investigó las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de esa localidad madrileña. Pero la Audiencia ordena además que se retiren de la resolución judicial las referencias que contiene a "mala praxis médica".

De esta manera, lo que empezó como denuncia de "eutanasia masiva" queda disuelto en nada: no había caso Leganés, aunque puede haber caso Lamela, en referencia al entonces consejero de Sanidad, y ahora de Transportes, de la Comunidad de Madrid, que gestionó de la peor manera un asunto que se prestaba a la demagogia más burda e irresponsable.

Todo empezó en marzo de 2005, por una denuncia anónima que incidía en una acusación presentada dos años antes contra el médico Luis Montes, coordinador del servicio de urgencias, denuncia que fue archivada por el Juzgado de Leganés. Lo que se sabe de la denuncia anónima es que hablaba de 400 casos de "eutanasia activa" en ese servicio, según el testimonio del entonces líder del PSOE madrileño, Rafael Simancas, en referencia a lo que personalmente le comunicó Lamela.

Pero la comunicación por parte del consejero de que la denuncia había sido remitida a la fiscalía se acompañó de la destitución provisional, y enseguida definitiva, de Luis Montes. Fue esa decisión la que convirtió en acusación gravísima una denuncia cuya veracidad no había sido investigada. El efecto fue una lógica reacción de alarma y desconfianza hacia el hospital de Leganés y, por extensión, hacia la sanidad pública. Pero también contra la práctica misma de la sedación terapéutica de los enfermos terminales.

Así, lo que es una actividad médica prevista en la ley, cuya finalidad es ahorrar sufrimientos a enfermos terminales, permitiéndoles una muerte digna, siempre con el consentimiento del paciente o sus familiares, se vio revestido de una truculencia inquietante, con efectos incontrolables. E incluso sirvió de coartada para que médicos contrarios a esa práctica por motivos ideológicos o de otro tipo se negaran a aplicar las sedaciones reclamadas por familiares. Esto es especialmente grave en un país en el que la mitad de las personas que fallecen lo hacen sin posibilidad de aliviar el dolor con los medios disponibles.

La resolución de archivo adoptada en junio reflejaba en cierta medida el clima de sospecha creado al mantener una referencia a "malas prácticas médicas", aun descartando relación con las muertes investigadas (las cuales fueron reduciéndose de las 400 iniciales a apenas cuatro). Esa referencia carecía de base, según la Audiencia. "Es evidente que no me he equivocado", dijo Lamela un mes después de destituir a Montes. El PP movilizó a los consejeros de Sanidad de seis comunidades en su apoyo. Pinchado el globo, es la hora de asumir responsabilidades.