Un juez de Madrid recoge 2.000 historias de mujeres de una clínica de abortos

Un juzgado de Madrid ha pedido a la clínica CB Medical Ginemedex -filial de la del doctor Morín en Barcelona- las historias de todas las mujeres que interrumpieron su embarazo durante 2007, según afirma una portavoz del centro. Son unas 2.000 historias, aproximadamente, que ayer fueron recogidas de la clínica por orden judicial.

"Es un paso más en el temor que se quiere extender", dice la clínica

La Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente el pasado diciembre la actividad de interrupción de embarazos de CB Medical -centro con autorización para cirugía mayor ambulatoria y que puede practicar abortos hasta las 12 semanas de gestación- y llevó el caso a los juzgados. La razón para hacerlo fueron unas supuestas irregularidades en los dictámenes de los médicos y en las firmas que aparecían. El juzgado de Instrucción número 35 de Madrid está instruyendo el caso.

"Llevarse las historias clínicas de tantas mujeres es un despropósito", se quejaba una trabajadora de la clínica. "Es un paso más en el temor que se quiere extender a toda la sociedad, y a las mujeres, por parte de los sectores antiabortistas. No sé qué pretenden encontrar, si sólo practicamos abortos de bajo riesgo y hasta las 12 semanas". La Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia pedían esta semana en un comunicado que las causas penales en curso por este tema sean "extremadamente respetuosas con el derecho a la intimidad de las mujeres" y que se mantengan "en la más absoluta reserva los datos acopiados hasta su definitiva depuración y selección de supuestos ilegales".

Los partidos políticos se siguen pronunciando sobre el debate. El PSOE va a incluir en su programa electoral una referencia a la posibilidad de reformar la regulación del aborto. La teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, aseguró ayer a la cadena Ser que la ley "no se cumple en ningún sentido", y sostuvo que el Partido Popular "no contempla" la posibilidad de una nueva normativa que regule el aborto por plazos.

En Barcelona, Carlos Morín; su esposa, Maria Luis Durán, y Virtudes S. V., ambas enfermeras, fueron excarcelados el pasado jueves después de que la Audiencia Provincial revocase la orden de prisión acordada por el Juzgado de Instrucción número 33 de esta ciudad. A petición de la fiscalía, la magistrada Elisabet Castelló acordó la prisión provisional y sin fianza de todos ellos el pasado 30 de noviembre tras el registro realizado en el grupo de clínicas Ginemedex-TCB de la capital catalana. Sus abogados recurrieron y ahora los jueces de la Sección Novena les han dado la razón.

El caso sigue bajo secreto de sumario, pero fuentes judiciales han explicado que la Audiencia de Barcelona razona su orden de la libertad en que no existe riesgo de fuga en los acusados y en que éstos no pueden destruir pruebas, ya que las clínicas han sido registradas a fondo por la Guardia Civil. Como medidas cautelares, el tribunal les obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado y les prohíbe acercarse a las clínicas en las que trabajaban y ejercer la profesión.

Con todo, Morín y las dos enfermeras continúan acusados de los delitos de aborto y asociación ilícita que les imputaba la querella de un colectivo cristiano de Barcelona, que fue la que inició el procedimiento. La querella también acusaba de intrusismo y falsedad documental a otras diez personas que están implicadas en los mismos hechos.

Siete de ellos fueron detenidos el pasado 19 de diciembre y de ellos todavía permanecen en prisión. Se trata de los psiquiatras Francisco Javier C. V. y Pascual Javier R. M., que están acusados de falsificar los informes que justificaban la interrupción del embarazo al amparo de la previsión legal que lo permite si la gestación supone un riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.