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Análisis:

Parece beneficioso, pero a largo plazo no lo es

Qué tipo de política es proponer una rebaja fiscal de hasta 1.000 euros para las mujeres que trabajan fuera del hogar -y, así, promover el empleo femenino-, una promesa anunciada recientemente por Mariano Rajoy.

Para que una política pública de igualdad sea eficaz debe definirse el objetivo de la actuación formulada y, seguidamente, aplicar un test de razonabilidad y proporcionalidad en relación con el objetivo perseguido. Bajo estos parámetros, la política anunciada debería disponer de un diagnóstico o análisis preliminar del problema a resolver, una formulación clara de la medida destinada a darle solución y un mecanismo de evaluación que permita calibrar su efectividad: el impacto de género.

En la promesa electoral lanzada desde las filas populares se aventura una solución, pero no se identifica suficientemente el problema a resolver ni se tiene en cuenta su impacto final desde una perspectiva de género.

A pesar de que el autor de la medida no identifica su objetivo, podemos centrarnos en dos aspectos de la desigualdad laboral que afectan a las mujeres: una tasa de empleo inferior en 20 puntos a la de los hombres y unos salarios que, como media, son un 25% más bajos (INE, 2007).

Partiendo de estos datos, se trataría de explicar qué relación existe entre el anuncio electoral y la solución a los dos problemas citados. En principio, parece claro que la medida no va a incidir en la tasa de empleo incentivando la contratación de más mujeres, porque no va dirigida a modificar alguno de los elementos básicos de la relación laboral. En cambio, puede tener cierta incidencia en paliar el desnivel de los salarios. De aplicarse esta medida las mujeres disminuirían la brecha salarial, eso sí, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, si se rebajan hasta 1.000 euros en su declaración de la renta, no pagan tanto en la práctica y tienen a final de año más ingresos.

Las preguntas que surgen acto seguido son dos: si ésta es la solución más acertada al problema enunciado y qué impacto de género puede alcanzar. Puede afirmarse en primer término que ésta no es la solución o, al menos, no la solución acertada. La solución más adecuada -y más eficiente en términos económicos- es hacer cumplir el principio legal comunitario según el cual los trabajos de igual valor deben tener una igual retribución económica, recogido hace ya tiempo en nuestro Derecho. Por el contrario, una ayuda de este tipo, que aparentemente parece beneficiosa para las mujeres, a largo plazo no lo es tanto, en la medida en que, por una parte, no entra en el núcleo del problema (la discriminación salarial) y, por otra, propicia ciertas dudas en cuanto a su razonabilidad y proporcionalidad: por qué las mujeres trabajadoras tienen que pagar menos, qué ocurre con las mujeres que cobran salarios superiores a la media de las personas empleadas (sean varones o mujeres), etc. Además, su impacto de género puede verse afectado en ciertos casos por un efecto perverso: la aceptación de salarios más bajos cuando, en alguna medida, puedan verse compensados por los efectos de la rebaja fiscal.

Si la pretensión es que las mujeres ejerzan el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, es necesario establecer programas que mejoren su empleabilidad, políticas de conciliación de la vida profesional, familiar y laboral o, entre otras políticas posibles, elaborar y aplicar planes de igualdad en las empresas. Una serie de políticas públicas que están ya contempladas en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.

Sería conveniente que los partidos, antes de lanzar sus propuestas, las analizaran de forma suficiente, no sólo con el ánimo de captar votos, sino de plantear medidas eficaces para solucionar la desigualdad, en este caso, en el ejercicio del derecho al trabajo por parte de las mujeres.

Asunción Ventura Franch es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de enero de 2008