De la Vega dice que el Gobierno "no tolerará" que se intimide a quien aborte

"No vamos a tolerar que se vulnere el derecho de las mujeres que abortan". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, condenó ayer, en declaraciones a la cadena SER "la campaña de intimidación" que están sufriendo algunas mujeres que se han sometido a abortos. De la Vega hacía alusión a la veintena de mujeres que fueron llamadas a declarar ante un juez el pasado viernes por haber abortado en una clínica madrileña. Un capítulo más de la "caza de brujas" que las clínicas de abortos aseguran que están sufriendo. La vicepresidenta recordó, sin embargo, que el Gobierno no es partidario de cambiar la actual legislación para incluir una ley de plazos. Según las clínicas que realizan abortos, esa reforma protegería más a las mujeres.

De la Vega no especificó qué medidas se van a tomar para proteger los derechos de estas mujeres y su intimidad. "El fiscal del Estado va a estar atento y vigilante", dijo. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado declaró ayer que su titular, Cándido Conde-Pumpido, "había dado instrucciones orales" al fiscal general de Madrid, Manuel Moix, para que "no haya diligencias indiscriminadas" y se trate a las mujeres con el "máximo respeto" porque se trata de un asunto "muy delicado", informa Emilio de Benito.

Los centros de abortos vivían ayer su primer día de trabajo después del paro de la pasada semana. El jueves se reunirán con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, para trasladarle su preocupación por la situación vivida en los últimos meses. Soria, sin embargo, aclaró ayer que en la reunión sólo iba a tratar la "calidad de la prestación sanitaria" que ofrecen estos centros.

"Nos preocupa la seguridad jurídica y física de las mujeres y son estos temas los que trataremos el jueves con el ministro de Sanidad", aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de la clínica madrileña Dator, una de la cincuentena que secundó el paro de la pasada semana. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) declaró ayer que también tratarán con Soria una posible reforma de la ley actual del aborto, que sólo lo permite bajo tres supuestos.

Para analizar las "ventajas" que tendría una ley de plazos y las "presiones" que estos centros aseguran que están recibiendo, varios representantes de las clínicas se reúnen hoy con Izquierda Unida. Otros grupos políticos, como el Partido Popular, se manifiestan totalmente contrarios a la reforma de esta ley. La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, se declaró ayer partidaria de no modificar el texto y de que se aplique éste "tal y como se recoge". Sin embargo, subrayó que "determinados aspectos" de esta ley "están fallando", informa Europa Press.