"No aguanta una semana más"

Un cartel en la puerta de algunas clínicas de abortos privadas de España informaba del paro por supuestas "presiones y ataques". Un cese de actividad histórico secundado por la mayoría de las clínicas españolas y en el que sus quirófanos permanecerán cerrados hasta el próximo sábado. Hasta entonces las más de 2.000 mujeres que tenían previsto someterse a una interrupción del embarazo tendrán que esperar, ya que estos centros realizan casi el 98% de las intervenciones. Desiré (nombre supuesto) es una de ellas. Ayer acudió a una clínica con la intención de abortar. No pudo.

Desiré está embarazada de 22 semanas y hace tan solo unos días le detectaron una malformación genética al bebé que espera. Ayer visitó una de las clínicas que secundan el paro. "Está al borde del límite que marca la ley para malformaciones fetales (22 semanas). No pudimos atenderla y la derivamos a la seguridad social con la indicación de que, si no le daban ninguna solución, volviese y la ayudaríamos a encontrar la más adecuada", explica Francisca García, portavoz de Acai, la asociación de clínicas mayoritaria del sector. El problema de Desiré es que vive en Castilla y León, una comunidad en la que ningún hospital público realiza interrupciones del embarazo. Mujeres como ella, si necesitan abortar, sólo pueden recurrir a centros privados. Ella aún no sabe qué hacer.

Desiré está de 22 semanas, al límite para abortar por malformación fetal

Con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio "fundamental" que muchas veces no realiza la sanidad pública, como en el caso de Desiré. Exigen más seguridad jurídica para las mujeres y los profesionales que practican abortos. También que cese la "caza de brujas" a la que están siendo sometidas desde que salió a la luz el caso de los supuestos abortos ilegales en Barcelona.

Laura (nombre supuesto) está embarazada de ocho semanas. Necesita abortar y ayer acudió a una clínica de Madrid con la intención de hacerlo. "Había pedido permiso en el trabajo sin decir dónde iba. Al ver que no la podíamos atender se puso muy nerviosa. Tuvo un ataque de nervios", explica Luisa Torres, portavoz de Dator, la clínica a la que acudió y una de las que secundan el paro. Laura acudía a este centro derivada del servicio de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que tiene esta prestación concertada con algunos centros. "Estaba muy preocupada por tener que pedir otro día, decía que podía perder el empleo. Si tomas la decisión de abortar es angustioso tenerlo que retrasar, aunque sea una semana. No aguantaba una semana más", dice Torres.

Los centros han pedido reunirse con las administraciones autonómicas, con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, con el fiscal general del Estado, el fiscal jefe de cada comunidad autónoma y con el Defensor del Pueblo para analizar la situación del sector y en particular los problemas de los centros de la comunidad de Madrid. En esta región las clínicas y los profesionales han recibido ataques de grupos antiabortistas y denuncian "inspecciones abusivas".

Sólo la delegación del Gobierno de Madrid y el fiscal jefe de esta comunidad, Manuel Moix, han contestado. Un grupo de portavoces de los centros se reúne hoy con miembros de estas instituciones. "Vamos a trasladarles nuestra preocupación por la gravísima situación de inseguridad jurídica y física que se está viviendo durante meses en las clínicas y que afecta a las mujeres y a los profesionales", explica Empar Pineda, portavoz de la clínica Isadora de Madrid. El resto de organismos no han contestado a la propuesta de reunión de las clínicas, que no descartan convocar otro paro.

Desiré ha tenido mala suerte ya que, según asegura García, en los días previos al paro las clínicas han trabajado el doble para evitar casos como el suyo. Ana (nombre supuesto) se sometió a un aborto el pasado sábado. Le detectaron una rotura de la bolsa y acudió a la clínica madrileña El Bosque. Allí pasó por una intervención de urgencia para no tener que esperar en esa situación durante una semana. "En los últimos 15 días hemos ido informando a todas las pacientes que llamaban y no hemos dado ninguna cita. Esta no es una huelga para perjudicar a las mujeres, al contrario", explica Sergio Muñoz, portavoz de El Bosque.