Desestimada la demanda contra la entidad que certificó el estado del 'Prestige'

Un tribunal federal estadounidense desestimó ayer la demanda presentada por el Gobierno español contra la American Bureau of Shipping (ABS), el organismo que había certificado el buen estado del Prestige sólo medio año antes de que el petrolero griego provocase una gran marea negra frente a la costa gallega, en noviembre de 2002. La demanda ha sido rechazada por una cuestión de competencia, ya que la juez Laura Swain, del distrito sur de Nueva York, entiende que debería ser planteada ante los tribunales españoles, informa Reuters.

España, en una iniciativa legal presentada ante la Corte Federal de Manhattan, pretendía responsabilizar a la sociedad clasificadora ABS del vertido que asoló la costa gallega hace cinco años por no haber advertido del deficiente estado del casco del buque. El Gobierno español alegaba que el Prestige no estaba en condiciones de navegar y su precario estado fue el que propició que el 13 de noviembre de 2002, en medio de un fuerte temporal, sufriese una vía de agua frente a Finisterre. Después de que las autoridades españolas rehusasen dar refugio al barco en algún puerto, el Prestige, cada vez más deteriorado por los embates del mar, se hundió el 19 de noviembre, a unas 190 millas de la costa gallega y provocó el mayor desastre ecológico de la historia de España.

Contrademanda

La juez Laura Swain desestimó al mismo tiempo una contrademanda de ABS contra el Gobierno español. La sociedad clasificadora alegaba que el único responsable de la catástrofe era el Ejecutivo de Madrid por negarse a dar refugio al petrolero y someterlo durante cinco días a los fuertes temporales mientras trataba de alejarlo de la costa.

ABS alegaba además que, según la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil en Contaminación por Petróleo, del que España es signatario, responsabiliza de los daños medioambientales en el mar a los propietarios de los barcos y nunca a terceros organismos. La jueza Swain establece en su resolución hecha pública ayer que "España debe limitarse a obtener respuesta dentro de los límites dictados por la convención y en sus propios tribunales".

Aunque el propietario real del barco era un armador griego, el Prestige enarbolaba pabellón de las Bahamas y figuraba a nombre de la compañía Mare Shipping Inc, registrada en Liberia. La resolución supone un varapalo para la estrategia del Estado español de recuperar los gastos y las indemnizaciones ocasionadas por la marea negra.