Presupuesto salvado

Por diecisiete escaños de diferencia, 182 frente a 165, el Congreso levantó ayer el veto del Senado sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2008, el último de la legislatura, y evitó así una prórroga presupuestaria que hubiese tenido malas consecuencias para la economía española durante el año próximo. Entre otros desperfectos, una prórroga hubiera arruinado varias leyes o iniciativas sociales que se han constituido en el pilar de la legislatura de Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, el llamado cheque-bebé, el desarrollo de la Ley de Dependencia, los fondos para inmigración o las pensiones mínimas. Resulta paradójico que, además, una prórroga presupuestaria hubiera evitado que Cataluña recibiera en 2008 los casi 1.500 millones de euros más en inversiones sobre las realizadas en 2007, porque precisamente el veto a los Presupuestos en el Senado se benefició del voto de CiU y ERC, dos partidos que se han quejado estrepitosamente del déficit de inversiones en Cataluña.

Los argumentos de CiU y ERC, aliados con el PP, Coalición Canaria, EA y Nafarroa Bai para rechazar el Presupuesto, carecen del menor fundamento lógico, económico o político. Entiende CiU que las inversiones para Cataluña consignadas en el Presupuesto de 2008 se quedan cortas en 1.500 millones. Estamos en el caso de unos dirigentes políticos que prefieren la opción peor -unas inversiones de 2.900 millones de euros, las que se prorrogarían con el Presupuesto de 2007- en lugar de la menos mala de 3.625 millones que percibirá con el Presupuesto de 2008 -más otros 800 millones pactados a última hora- en nombre de una tercera opción ideal que tampoco se conseguiría con un bloqueo presupuestario. Cualquier político pragmático sabe que la negociación política es la que determina la inversión en cada región y que no existe un método infalible para calcular la "inversión ideal" a la que una comunidad tiene derecho irrenunciable.

Felizmente, el Congreso liquidó ayer la amenaza de una prórroga. Pero, por desgracia, queda el mal sabor de boca de que una ley económica decisiva pueda desbaratarse por cualquier malhumor de última hora. Además, ha brillado por su ausencia un debate argumentado sobre el contenido del proyecto presupuestario. No se discuten partidas, ni la rentabilidad de las inversiones, ni la orientación que debe tener la inversión pública o el gasto social durante un ejercicio en el que empeorarán seguramente condiciones básicas de la economía, como el empleo o la inflación, ni tampoco el destino plausible del superávit fiscal. Sería deseable que el próximo Gobierno dedique sus esfuerzos a construir un presupuesto que favorezca el cambio del patrón de crecimiento económico, que todavía depende agónicamente de la construcción. Porque en las cuentas de esta legislatura, demasiado complacientes en exhibir el crecimiento del gasto social, poco o nada se ha hecho al respecto.