El Gobierno avala una piscifactoría en un área protegida en regeneración

El Gobierno vasco ha avalado la instalación de una piscifactoría en la ría de Plentzia, en una zona de dominio público marítimo-terrestre que había empezado a ser regenerada en julio por la Jefatura de Costas, dependiente del Ejecutivo central. La Demarcación de Costas de Vizcaya debe emitir un informe definitivo sobre el proyecto, aunque ya ha señalado que la concesión para esa actividad industrial está caducada desde el pasado año. En el expediente figuran dos informes de la consejería de Medio Ambiente que apoyan tanto la regeneración como las obras para reabrir las instalaciones de acuicultura.

Medio Ambiente ha realizado dos informes contradictorios

En esta zona ubicada en el municipio de Barrika, el Gobierno central otorgó en 1990 una concesión para una piscifactoría, que funcionó apenas una década. El PSE realizó en noviembre de 2005 una pregunta sobre la caducidad de la concesión a la consejería de Medio Ambiente, que en diciembre respondió que se encontraba en tramitación. Poco después, el 1 de enero de 2006 se inscribió en el registro mercantil la sociedad Muskiola, con domicilio social en la piscifactoría abandonada, que en octubre de ese año presentó una petición ayuda al Departamento de Pesca. En esta sociedad limitada aparecen como socios José Ángel Arandia, José Agustín Gondra e Ignacio Abecia. Arandia es dueño de diez empresas, la mayoría relacionadas con la construcción, mientras que Gondra preside tres compañías y Abecia es administrador único o socio de tres firmas vinculadas a los cultivos marinos.

El director de Pesca, Josu Santiago, emitió en diciembre de 2006 un informe favorable para subvencionar el 40% de los costes, lo que supondría para la nueva planta de acuicultura una ayuda pública de casi 570.000 euros. El expediente llegó a la Dirección de Biodiversidad de la consejería de Medio Ambiente, al tratarse de un área enclavada en el plan sectorial de zonas húmedas. Su informe de diciembre pasado concluye que la instalación industrial "es conciliable" con dicho plan y únicamente pide que se descarte la almeja japonesa (una de las cuatro especies que se prevé cultivar) por su carácter invasivo.

En julio de 2007, Biodiversidad elaboró otro informe en el que no hace mención al proyecto industrial, pese a que ya lo había valorado anteriormente, y considera "positivas" las labores de regeneración iniciadas por Costas.

Este organismo ya sugiere su oposición a la planta al ser informado oficialmente del proyecto por la consejería de Pesca en julio pasado. "Le recuerdo que se le remitió copia por la que se declaraba la caducidad de la concesión otorgada el 20 de junio de 1990", señala un escrito del 13 de julio, en el que señala que va a demoler las actuales instalaciones. Hasta ahora, Costas se ha dedicado a la limpieza de la zona (se han retirado toneladas de basura) y se han unido varias charcas interiores.

El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente tiene que realizar el informe sobre la petición de volver a ocupar estos terrenos. La asociación ecologista Txipio Bai presentará alegaciones ante lo que considera una "ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre" para un actividad que, además, supondrá nuevas construcciones. Los ecologistas discrepan de Medio Ambiente, que en octubre pasado dio su visto bueno a la actividad "porque esta zona ya ha sido utilizada para este mismo fin y parece que cumpliría los preceptos de la ley de Costas", decía su informe.

El PSE ha preguntado en el Parlamento a la consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, sobre las razones para autorizar una explotación "en una zona de especial protección" que no está en el listado fijado por la sociedad Azti para la acuicultura, y por la "ambigüedad" de avalar al mismo tiempo la regeneración emprendida por Costas.