La Constitución de Morales divide a Bolivia al incluir la tradición indígena

"Refundar Bolivia" es la promesa con la que Evo Morales asumió la presidencia del país en enero de 2006 y la Constitución —cuyo índice fue aprobado sin leerlo y a mano alzada por 136 diputados de 255, el pasado domingo en Sucre— es la piedra angular de su proyecto.

Una cuarta persona muere en Sucre en la protesta contra el Gobierno

"Refundar Bolivia" es la promesa con la que Evo Morales asumió la presidencia del país en enero de 2006 y la Constitución —cuyo índice fue aprobado sin leerlo y a mano alzada por 136 diputados de 255, el pasado domingo en Sucre— es la piedra angular de su proyecto. Según el presidente boliviano se trata de corregir la situación de postergación de los indígenas, que suman el 60% de la población del país, iniciada con la llegada española en 1535. Según la oposición, se trata de un proyecto utópico de límites difusos que servirá de justificación para un régimen totalitario.

La Constitución que Morales quiere sacar adelante con el 50,7% de los votos parte del rechazo a toda la legislación básica elaborada en Bolivia a partir de la independencia en 1825. Por ello la primera batalla que dio el primer presidente indígena en la historia del país fue dotar a la Asamblea constituyente de carácter "originario", es decir, como si fuera la primera vez que Bolivia es independiente y elaborara sus propias leyes. Sobre esta base y con una concepción indigenista de la historia —que supone una relación especial con la tierra, la importancia de la comunidad y la vuelta al pasado— el Movimiento al Socialismo (MAS) pretende sacar adelante un texto fundamentado en tres pilares rechazados de plano por la otra mitad del país. La incorporación de sistemas de elaboración de leyes y control político reflejo de las tradiciones indígenas, la puesta en pie de un sistema de justicia que, en teoría, coexistirá con la justicia derivada de la tradición occidental, y una nueva organización territorial de Bolivia.

Los cargos electos podrán por tanto ser revocados si las asambleas populares así lo deciden, como ya sucede en las comunidades indígenas. El problema es quién, cómo y cuándo convoca dichas asambleas, quién las forma, qué motivos son necesarios para que actúe y contra qué cargos puede expresarse.

Morales ha declarado que serán los "movimientos sociales" los legitimados para establecer este control político y que "hasta el presidente" podrá ser destituido por este sistema, pero la oposición le acusa de querer perpetuarse en el poder y de haber introducido un artículo que consagra la reelección indefinida. De la misma forma la "justicia indígena" que reconoce el nuevo texto constitucional pone en pie de igualdad a los sistemas indígenas con la justicia de corte occidental.

Sus detractores señalan que ya de por sí establece dos categorías diferentes de ciudadanos según éstos acudan a una u otra. En la primera están contemplados y legitimados los castigos físicos en algunos casos, no existe jurisprudencia codificada y es anterior a la Declaración universal de los Derechos del Hombre. Un problema no menor es qué sucede si ambos sistemas entran en colisión. Si uno puede revocar las decisiones del otro y qué sucede cuando una parte litigante quiere ampararse en un sistema y su oponente en el otro.

La posesión de la tierra y su organización es la tercera pata sobre la que descansa el proyecto del presidente boliviano. El texto consagra una gran reforma agraria que beneficia a las comunidades indígenas que pasan a disponer colectivamente de los títulos de propiedad. También se refiere a la propiedad colectiva de los recursos naturales y los medios de producción. En paralelo apela a la descentralización y cambia la organización territorial del país, quitando peso a los nueve departamentos existentes tras la independencia y reconociendo delimitaciones que responden, en teoría, a demarcaciones precolombinas.

La oposición señala que no existe documentación histórica que avale dicha partición y que la propuesta trata de mermar fuerza a los departamentos existentes, los más prósperos, y los que se oponen al proyecto indigenista del presidente.

Mientras, una cuarta persona murió ayer en Sucre a causa de los disturbios que comenzaron el sábado por la decisión del Gobierno de aprobar el proyecto constitucional. También hay al menos 130 heridos, algunos muy graves. A pesar de la protesta, Morales mantiene su proyecto constitucional aprobado "violando todas las leyes", según el ex vicepresidente Víctor Cárdenas, indigenista de centro izquierda. "Creo que esa decisión ha parcializado el reconocimiento de la nueva constitución, porque no representa al país, sino al partido de gobierno y sus aliados", agregó. "Pensar que con violencia se puede aprobar la constitución es una ilusión y un autoengaño".