La trama negaba licencias de reapertura a dueños de locales de ocio que no pagaban

Las investigaciones que han desbaratado la trama de funcionarios corruptos tienen su origen en la denuncia de dos empresarios de locales de ocio (especialmente discotecas, de ahí el nombre de Operación Guateque) que fueron sometidos a las presiones del grupo. La primera denuncia fue presentada en agosto de 2006 por un empresario que se negó a pagar 3.000 euros a un miembro de la trama, que fue detenido. La segunda es la que ha dado origen a la operación, al confirmarse la persistencia de la red. La Guardia Civil da por cerrada la operación con los 16 detenidos, entre funcionarios y técnicos, aunque no descarta que haya más registros que los 10 ya ejecutados.

La Guardia Civil ha detectado que los detenidos supuestamente exigían entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar las licencias de apertura de locales, y, sobre todo, las de reapertura que son preceptivas tras la realización de obras de reforma. El primer caso denunciado ya fue divulgado por EL PAÍS en agosto de 2006, tras la denuncia del dueño de un pub, quien llevó a la Guardia Civil una grabación con el contenido de una conversación entre él y el inspector del departamento municipal de Medio Ambiente identificado con las siglas A. S.

El propietario de un local de ocio (en este caso un disco-pub) acometía unas obras de reforma interior. Una vez ejecutadas, el empresario tenía que recibir una inspección municipal que debía confirmar que las obras se ajustaban a la ley, a fin de obtener la licencia de reapertura. Lo primero que planteaban quienes ejecutaban las inspecciones es que la reapertura se podría llevar a cabo de inmediato y sin pegas si el empresario pagaba.

Si se negaba, entonces empezaban las pegas. Se levantaban expedientes por no tener bien instalada la salida de humos o por mala insonorización. El expediente sobre el propietario de un establecimiento que no pagaba, además, dormía el sueño de los justos en los despachos, lo que hacía imposible la reapertura. En el caso de que la deficiencia fuera subsanada, también se demoraba la nueva visita del inspector. Y cuando se producía, se ponían nuevas objeciones a las obras acometidas. Así, el empresario se solía avenir a pagar la mordida a cambio de la concesión de la licencia de reapertura para no seguir perdiendo dinero por tener su negocio cerrado.

Los dueños de los locales, una vez que accedían a pagar, firmaban en ocasiones documentos con el membrete municipal en blanco, que servirían para regularizar posteriormente la situación administrativa del local e incluso para certificar obras que no habían sido realizadas o eran defectuosas.

Los investigadores han tenido pinchados una decena de teléfonos, con autorización del Juzgado número 32 de Madrid.