"Sin un kilo, no hay licencia"

Cinco meses de investigación, 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial y, al menos, 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos y otros profesionales (arquitectos, abogados...) implicados. El resultado de ese trabajo, en el que ha colaborado con el juez el propio gobierno municipal, es la desarticulación de la trama de corrupción más voluminosa detectada hasta ahora en el Ayuntamiento de la capital de España y que afectaría exclusivamente a funcionarios, sin implicaciones de cargos políticos, según explicó ayer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Guardia Civil la ha bautizado como operación Guateque.

El fiscal jefe de Madrid niega que haya "conexiones políticas"

Un imputado es un veterano funcionario de Medio Ambiente

Manuel Moix afirma que los implicados formaban una organización estable

La Guardia Civil entró en domicilios particulares y oficinas de empresas

En una de las conversaciones intervenidas, según informaron a EL PAÍS fuentes de la investigación, el funcionario supuestamente corrupto le comunicaba a su interlocutor las condiciones para conseguir el permiso buscado: "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca".

Buena parte de la trama ha podido ser destapada gracias al pinchazo de al menos 10 líneas telefónicas autorizado por el juez en estos meses tras recibirse la denuncia inicial de un particular al que intentaron cobrarle comisiones ilegales a cambio de la licencia que solicitaba para abrir un comercio.

En esas grabaciones se escucha a algunos de los funcionarios implicados hablando de las comisiones que van a cobrar, con expresiones como éstas: "Si le conseguimos esta licencia, nos da dos kilos [12.000 euros]".

Los funcionarios de la trama no sólo cobraban a los empresarios por agilizarles licencias de apertura de establecimientos, sino también para retrasar expedientes sancionadores a locales ya existentes que habían realizado alguna reforma, indicaron a EL PAÍS fuentes policiales próximas a la investigación.

Todos los implicados fueron ayer interrogados por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la investigación.

El gobierno municipal, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), asegura que ningún responsable político está implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó en la Cadena SER que los implicados formaban "una mínima organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones políticas".

Los rumores sobre el pago de comisiones al Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a la orden del día desde hace años, en la calle y algunos pasillos de la administración, pero hasta ahora sólo habían podido probarse casos aislados.

La de ayer es la mayor operación contra este tipo de corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han actuado impunemente durante años.

El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque.

Agentes del instituto armado entraron pasadas las nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la elaboración de informes previos a la concesión de licencias) y tres juntas de distrito (que son las que conceden o deniegan permisos: Centro, Chamberí y San Blas. Fuentes de la operación aseguran que "el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, que se encarga de las mediciones del ruido y del impacto medioambiental, es la edil Ana Botella.

Los agentes se incautaron de un maletín y varias cajas de documentos, entraron en el disco duro de los ordenadores y registraron mesas, armarios y archivos. "No ha sido una operación por sorpresa ni contra el Ayuntamiento. Estábamos al tanto y hemos facilitado todos los registros", insistió el vicealcalde Cobo. La Guardia Civil entró asimismo en "domicilios particulares" y oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama.

La operación, ordenada el titular del juzgado número 32 de Madrid, Santiago Torres, está bajo secreto de sumario. Por eso, Cobo no quiso concretar ni los nombres de los funcionarios afectados ni las cantidades manejadas en los sobornos. Los implicados lo están bajo la acusación de tres delitos: cohecho (soborno), prevaricación (hacer uso del cargo para dictar resoluciones injustas) y tráfico de influencias.

Según fuentes de la investigación, uno de los trabajadores del Ayuntamiento imputados en este caso es un histórico funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente que ya ocupaba cargos de relevancia cuando Esperanza Aguirre era concejal de este área, en los años noventa del pasado siglo.

Ante los primeros rumores aparecidos por la mañana, Cobo también quiso subrayar que la operación no tiene "absolutamente nada que ver" con la Operación Malaya desarrollada en Marbella (Málaga) contra la red de corrupción en la que estaba implicado la mayoría del gobierno municipal, ni con una de las principales implicadas en ese escándalo de corrupción urbanística, la abogada Montserrat Corulla, a quien el PSOE relacionó en la pasada campaña electoral con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Ayer, el regidor madrileño se limitó a afirmar que "ninguna actuación irregular va a ser consentida por parte del Ayuntamiento".

Información elaborada por Vera Gutiérrez Calvo, Daniel Verdú, José Antonio Hernández, Jesús Duva y Jorge. A. Rodríguez