Madrid reitera que "de momento" no registrará a los dependientes

La batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno por la puesta en marcha de la ley de Dependencia está llegando a extremos inauditos. Ahora se discute por un misterioso gran dependiente de la región.

El ministerio dice que la actitud de Madrid perjudica a los ciudadanos

CiU pide a Caldera que explique en el Congreso la puesta en marcha de la ley

El 7 de noviembre ocurrió algo insólito, según asegura el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En el sistema informático donde las comunidades autónomas vuelcan los grandes dependientes que ya han sido evaluados de acuerdo con la nueva ley entró una rara avis, un dato inesperado, el primer gran dependiente de Madrid. Esta comunidad se había negado siempre a comunicar sus valoraciones al Gobierno, así que los funcionarios del ministerio no daban crédito cuando ese único gran dependiente apareció ante sus ojos. No entraron más personas, ni han entrado hasta hoy. ¿Qué había pasado?

Madrid asegura que no ha registrado a ese enigmático y único gran dependiente y reitera que seguirán con su política de no colaborar con el Gobierno por el momento, según una portavoz de la consejería de Familia y Asuntos Sociales. Si algún funcionario ha enviado el dato, desde luego ha sido contra la voluntad de la comunidad.

Al margen de este posible error, ¿Qué pasa en Madrid? ¿Por qué este desacuerdo frontal entre instituciones? El Ejecutivo regional asegura que su sistema de ayuda a la dependencia previo a la ley estaba muy desarrollado y que más de 130.000 personas con distintos tipos de discapacidad estaban ya siendo atendidas. Aseguran que el Gobierno se niega a incorporar a estas personas bajo el marco de la nueva ley y que sólo quiere pagar por los nuevos usuarios. Insisten en que Madrid queda "discriminada" y que, por tanto, no firmará ningún acuerdo con el ministerio a no ser que esta cuestión se solvente. El objetivo, en principio, según indica la directora general de Coordinación de la Dependencia, Yolanda Ibarrola, sería que la ley ampare a todos por igual.

El punto débil de esta argumentación es que prácticamente todas las comunidades autónomas tenían ya dependientes atendidos, en mayor o menor medida, antes de la entrada en vigor de la ley. Y ninguna está renunciando a cobrar por ellos. Todas los están valorando ahora de acuerdo con lo estipulado en la nueva normativa y están enviando los datos al Gobierno para cobrar por ellos. Porque por cada gran dependiente que comunican, las autonomías reciben una financiación estatal de 170 a 250 euros al mes.

El Ministerio de Trabajo insiste en que no se comprende por qué Madrid es la única comunidad que está perdiendo dinero. Asegura que no es cierto que las comunidades sólo vayan a cobrar por los nuevos usuarios, sino que pueden hacerlo por todos los que entren en el Sistema Nacional de la Dependencia, estuvieran o no recibiendo servicios con anterioridad.

Varias comunidades autónomas confirman al ministerio, como Andalucía. Esta región ni siquiera separa al hacer las valoraciones entre las personas que ya estaban recibiendo alguna prestación y las que no tenían nada, así que difícilmente pueden cobrar del ministerio sólo por los nuevos usuarios. Cantabria o Baleares, que ya están otorgando ayudas y servicios, también mezclan ambas categorías. Madrid responde que, según los anexos que les ha presentado el Gobierno, lo que hacen las otras comunidades no está permitido. Y piden que, si el ministerio lo admite, lo haga constar por escrito.

CiU pidió ayer la comparecencia del ministro Jesús Caldera para que explique con detenimiento cómo se está implantando la ley en toda España.