Los dependientes tendrán que esperar

"A día de hoy son ya 100.315 las personas [dependientes] valoradas y atendidas", aseguraba hace menos de un mes la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce. Las comunidades autónomas ofrecen datos menos optimistas. Según ellas, son apenas 21.000 los que a día de hoy se benefician de la nueva ley.

Falta un mes y medio para que termine el año, y la ley de dependencia no podrá cumplir el calendario previsto para 2007. Antes del 1 de enero de 2008 tenían que estar evaluados y atendidos todos los grandes dependientes de España, unos 200.000 según los cálculos del Gobierno. Desde abril hasta la fecha más de 300.000 personas han solicitado que se valore su grado de dependencia. La mitad lo ha conseguido, pero sólo el 14% de ellos (21.000 personas) tiene ya su plan individual de atención redactado, donde se establece qué servicio o prestación económica va a recibir. Es el requisito imprescindible para entrar en el nuevo Sistema Nacional de Dependencia. Aunque las ayudas no han llegado todavía a algunas comunidades con planes elaborados, como Asturias -que dice que las otorgará de inmediato-.

Todas las regiones han arrancado, pero la velocidad es muy desigual

Buena parte de las personas atendidas ahora ya contaban con alguna ayuda

El Gobierno da información en el teléfono gratuito 900 40 60 80

Uno de los principales objetivos de esta ley es dar cobertura a los grandes dependientes que nunca han recibido asistencia, como el caso de los ancianos, miles de ellos al cuidado de las hijas. Otros grandes dependientes ya contaban con algún tipo de servicio o ayuda.

Sin embargo, aún no puede saberse con exactitud cuántas de las 22.853 personas que las comunidades dan por atendidas bajo la nueva ley de Dependencia son nuevos usuarios y cuántos han quedado bajo el paraguas de la ley aunque ya estaban siendo atendidos por los servicios autonómicos tradicionales.

De las comunidades que ya están prestando asistencia, sólo Cantabria, Extremadura, País Vasco (Vizcaya) y Ceuta y Melilla distinguen los nuevos usuarios: 179 en la primera, 121 en la segunda, 789 en Vizcaya y 194 en las dos ciudades autónomas. Baleares dice que al menos 250 personas han accedido a una ayuda por primera vez. Castilla y León señala que más del 86% de las peticiones de valoración son de personas que no tenían ningún tipo de prestación. Valencia asegura que las 6.000 personas con plan de atención "ya recibían algún servicio en el momento de ser valoradas". Y Andalucía, finalmente, afirma que no puede hacer esta distinción.

Con estos datos, el cálculo más optimista indica que no pasarían de 3.477 los grandes dependientes que acceden a un servicio o ayuda económica por primera vez, sin contar los 9.400 mezclados de Andalucía. Es esta comunidad dicen que atienden a la gente en riguroso orden de llegada, tanto a los que ya están, por ejemplo, ingresados en una residencia como a los que solicitan un servicio por primera vez. Esta comunidad actualizará los datos la próxima semana.

Y estas son las autonomías con prestaciones ya concedidas. Asturias tiene ya elaborados planes individuales de atención a dependientes y comenzará en breve a otorgar las ayudas. En el resto, Canarias, Murcia, Madrid, Galicia, Aragón, Cataluña, La Rioja, Castilla- La Mancha y Navarra, ningún gran dependiente recibe asistencia acorde a la Ley de Dependencia. Algunos estarán atendidos porque ya lo estaban y otros seguirán bajo la protección y los cuidados de las familias.

Dentro de este grupo, las velocidades también son dispares. La Rioja y Castilla-La Mancha están empezando a mandar las valoraciones a los beneficiarios y a iniciar la elaboración de los planes de atención individual. Navarra, que ha retirado el recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra la ley, todavía no tiene determinado el modelo que seguirá para conceder las ayudas, pero aseguran que sus dependientes reciben ya todo tipo de prestaciones. En Cataluña, que no tiene un sólo plan redactado, los ciudadanos están empezando a acudir a los tribunales para exigir sus derechos. Murcia, una de las comunidades que más batalla han planteado contra la ley, afirma que en las próximas semanas estarán concluidos los primeros planes de asistencia.

Y hay un tercer club al que sólo pertenece Madrid, una comunidad que sostiene que implantar la ley es absolutamente imposible por el momento, a pesar de la evidencia de que el resto del país lo está haciendo. Gobernada por el Partido Popular, sus dirigentes afirman que Madrid es "diferente" y que es la "única" que tenía un sistema de ayudas previo a la ley muy desarrollado, según una portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales. Quieren que el Gobierno "lo tenga en cuenta", pero no especifican qué es lo que piden. Los socialistas madrileños han anunciado que denunciarán el caso ante los tribunales y el Gobierno no comprende por qué esta comunidad priva a sus ciudadanos de unos servicios que cuentan con financiación estatal.

Cada gran dependiente que las comunidades comunican al Gobierno recibe una financiación de 170 a 250 euros mensuales. La Administración económica ha de poner otra parte. Y aún queda una pata, lo que ha de aportar el usuario en función de su renta. Eso ha de definirlo cada comunidad y apenas cuatro lo han hecho ya: Andalucía, Cantabria, Navarra, País Vasco y las ciudades de Ceuta y Melilla, según el Ministerio de Trabajo.

Otro de los escollos que ha mantenido abierta la guerra política sobre la ley de dependencia ha sido la firma de un convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, necesario para recibir el dinero estatal. Sólo 10 comunidades han suscrito un preacuerdo, según Comisiones Obreras. Este sindicato asegura además que Madrid y Murcia son las únicas que aún no han incorporado a la normativa autonómica los desarrollos de la ley de Dependencia y les acusa de boicotear la puesta en marcha de la ley por razones políticas.

El miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero admitió que había una sensación generalizada de que la implantación de la ley iba con retraso, pero cifró en unas 25.000 personas las que ya tenían "garantizada" una prestación económica. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también instó hace unos días a las comunidades a que pusieran en marcha la parte del desarrollo de la ley que les correspondía.

La Ley de Dependencia está considerada la cuarta parta del Estado de bienestar, después de la educación, la sanidad y las pensiones, pero hay quien considera que el copago al que debe contribuir el ciudadano invalida a este sistema para ser comparado con los anteriores. La ley está concebida para primar los servicios que se han de conceder a los dependientes sobre las ayudas económicas.

La Administración central ha puesto un teléfono a disposición de todos los posibles beneficiarios para que recaben información sobre los pasos a seguir para completar su evaluación, 900 40 60 80.