Gran dependencia, gran retraso

La realidad suele desbordar las previsiones. Con los primeros pasos de la Ley de la Dependencia también ha ocurrido. Desde abril, cuando se abrió el proceso, hasta el pasado 23 de octubre, 65.321 personas habían solicitado ser evaluadas porque consideran que tienen derecho a ser declaradas grandes dependientes y recibir ayudas.

Son el doble de lo que calculaba el Libro Blanco de la Dependencia para Andalucía: 34.000. Es una de las razones que puede contribuir a retrasar la aplicación real de la nueva ley en Andalucía, aunque los partidos de la oposición también acusan a la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de no haber puesto en marcha los medios suficientes.

Hasta octubre, habían sido valoradas 28.000 personas (el 43%). De ellas, 9.400 están recibiendo alguna prestación, según la consejera Micaela Navarro. Pero no son nuevas prestaciones nacidas al amparo de la ley. Se trata de dependientes que ya se beneficiaban de alguna ayuda y que ahora se acogen al nuevo paraguas legal. La propia Navarro, en una comparecencia de febrero pasado ante el grupo de trabajo sobre dependencia creado en el Parlamento, se refería a esto: "Puede que entre el 70% y el 80% de las personas con dependencia ya estén atendidas".

No todas las personas que solicitan ser valoradas serán declaradas grandes dependientes, los únicos que se benefician de la nueva ley este año, pero la administración está obligada a examinar su solicitud. El plazo para ello, fijado legalmente, es de tres meses. Las quejas por este incumplimiento abundan. Algunas han llegado a los tribunales.

Tres familias malagueñas con hijos con discapacidad denunciaron hace un mes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la Consejería por incumplir los plazos. Después de cuatro meses de espera, seguían sin ser baremados. Igualdad admitió que no contaba con "suficiente personal" para valorar las peticiones, lo que alargaba el proceso.

La Junta ha contratado a 392 personas para realizar las valoraciones y ha financiado la contratación de otras 536 personas para ayuntamientos y diputaciones. Pero son insuficientes. Micaela Navarro ha anunciado que el dispositivo se reforzará con otros 200 contratos.

En el Parlamento, la oposición ha reprochado con dureza el retraso que acumula la aplicación. "Los impresos necesarios [informe social, trámite de consulta y programa individual de atención] los han publicado hace dos días en el BOJA", censuró la portavoz del PP, Esperanza Oña.El portavoz de IU, José Cabrero, puso otro ejemplo: "Acaban de contratar, hace 10 días, el programa informático que luego es el que va a desarrollar el Plan Individual de Atención y todo lo que significan los servicios".

Sin darles la razón abiertamente, Micaela Navarro recordó que "la puesta en marcha de cualquier sistema tiene sus complejidades" y que es "la más interesada" en que se cumplan los plazos. "Pero si una solicitud llega a un ayuntamiento en mayo y la remiten a la delegación en octubre, difícilmente vamos a poder cumplir los plazos", rebatió.

La consejera aseguró que las prestaciones económicas se otorgarán en con carácter retroactivo. Para 2008, la Junta destinará a pagar las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia 156 millones de euros, que absorben casi el 58% de todo lo presupuestado para los "servicios en materia de dependencia" para el próximo ejercicio (270 millones).

El esfuerzo para aplicar la ley va a descansar más en estas prestaciones que en la oferta residencial. En la actualidad hay 20.607 plazas en residencias para grandes dependientes, incluyendo públicas y concertadas. "Todo aquello que se pague con dinero público, para mí es público".