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La ley de memoria se aprueba entre aplausos de invitados antifranquistas

CiU logra excluir del texto los monumentos "artístico-religiosos" de la Iglesia

Setenta años de historia condensados en tres horas de intenso debate. Con un centenar de testigos, la mayoría supervivientes del antifranquismo, el Congreso aprobó la primera ley de memoria de la democracia, que contó con el apoyo de todos los grupos menos el PP y ERC, como estaba previsto, y ahora pasa al Senado. Los antifranquistas aplaudieron desde las tribunas -algo prohibido-, algunos lloraban y el presidente, Manuel Marín, tuvo que llamar al orden ante la emoción desbordada.

Uno tras otro, los portavoces que la apoyaban homenajearon a los luchadores antifranquistas, algunos con 23 años de cárcel a sus espaldas como el poeta Marcos Ana. Y todos trasladaron la urgencia de la ley, que homenajea a una generación que está desapareciendo. "No hay derecho a que durante la Transición se les dijera que era demasiado pronto y ahora que ya es demasiado tarde. Tienen más de 70 años. Hemos hecho leyes para las plantas de vivero y hay quien dice que no es necesario hacerlo para quienes perdieron la guerra", resumió el socialista José Andrés Torres Mora.

Todo transcurría en tono de homenaje a las víctimas y de denuncia por la excepción española, ya que es el único país de su entorno repleto de homenajes a la dictadura. "Algo no va bien cuando incluso hoy, el PP habla de la placidez del franquismo, cuando la Iglesia no pide perdón por llevar al dictador bajo palio, cuando héroes de la lucha antifranquista, como Simón Sánchez Montero han muerto casi en el anonimato y genocidas como Queipo de Llano están enterrados a los pies de la Macarena", se lamentó Joan Herrera, de IU-ICV.

La ley se aprobó sin apenas modificaciones, salvo la introducción de una excepción al artículo 15, de retirada de símbolos, que promovió CiU y beneficia a la Iglesia: se salvarán cuando concurran "razones artísitico-religiosas". El PP no la votó e intentará que se retire esa enmienda transaccional porque no autorizó su tramitación. Estaría así, extrañamente, trabajando en contra de los intereses de la Iglesia.

Fue Eduardo Zaplana quien rompió la línea de reivindicación de la ley que había dominado el debate. El portavoz del PP, sin entrar en ningún momento al contenido concreto del texto, montó un gran revuelo al citar a referentes de la izquierda como Felipe González o Manuel Azaña para criticar la ley. "No lo manches", le gritaba Álvaro Cuesta desde su escaño cuando mentó a Azaña. Santiago Carrillo se llevaba las manos a la cabeza en la tribuna de invitados.

La tesis de Zaplana es sencilla. El PSOE, plagado según dijo de hijos de franquistas, al contrario que él, que reivindica su pasado en las juventudes de UCD y una familia no vinculada al régimen, "se ha radicalizado". "Pero por mucho que ustedes se radicalicen no van a separar al PP del centro político ni de la libertad que siempre hemos defendido", dijo entre grandes protestas. Varias veces aludió a esas familias de los socialistas, pero se frenó: "No daré nombres". ¡Dalos, dalos! le gritaban desde el PSOE. Él, lejos de amilanarse, subió el tono: "Por primera vez en democracia, el Gobierno y sus socios deciden hacer de las fosas de la Guerra Civil un argumento de propaganda".

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, principal responsable de la ley -el presidente no estuvo ni para votarla-, reconoció que se ha mejorado mucho y criticó al PP. "No hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata", sentenció. "Ésta es una ley que se ocupa de las víctimas y de sus familias, que deja la historia a los historiadores, a los jueces lo que es de los jueces y que, al tiempo que amplía, extiende e instaura derechos", insistió.

Al final hubo una gran foto de familia en la que estaban quienes la redactaron y las víctimas a las que iba dirigida. Y una de ellas gritó: "Hoy, por fin, se ha acabado la guerra".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de noviembre de 2007