Sabotaje a las instituciones

La guerra del PP para hacerse con la presidencia del Constitucional libró el pasado fin de semana una batalla esperpéntica: Astarloa al frente de una cincuentena de diputados recusó a los magistrados Aragón, Pérez Tremps y Sala para conocer el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en especial la prórroga automática del mandato del presidente hasta que se resuelva la siguiente renovación del órgano. El escrito se considera obligado a cumplir "ese penoso deber" por culpa de la idéntica petición "desmesurada y sin precedentes" del Gobierno contra dos magistrados -García-Calvo y Rodríguez-Zapata- designados en su día bajo el amparo del Grupo Popular. Donde las dan las toman, insinúa Astarloa, que se jacta de haber calcado "en su estructura y literalidad" las alegaciones del Abogado del Estado sobre el caso precedente. O todos o ninguno; "los argumentos son de ida y vuelta": y si recusables fueron ayer Garcia-Calvo y Rodríguez-Zapata, igual lo serán hoy Aragón, Pérez Tremps y Sala. Existe, sin embargo, una diferencia entre ambos casos, que deberían en buena lógica examinarse de forma escalonada y consecutiva. Las dos abstenciones ya tramitadas y una eventual aceptación de las dos recusaciones del Gobierno permitirían al TC resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la LOTC; las tres recusaciones posteriores del PP, en cambio, dejarían al alto tribunal sin el quórum necesario y le impedirían pronunciarse, conculcando el principio de su ineludible obligación de hacerlo.

El Constitucional y el Consejo del Poder Judicial están siendo conducidos al colapso

El tono provocativo y cínico con que el PP justifica la arbitraria recusación se extiende a todas sus actuaciones sobre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), creados por los constituyentes de 1978 a fin de impedir los ilegítimos desbordamientos legislativos del marco constitucional, la burla de la división de poderes y los conflictos entre el imperio de la ley y el principio democrático. Las mayorías cualificadas de los tres quintos del Parlamento exigidas para la elección de los miembros de estos órganos parecían situarlos por encima de los intereses partidistas. Desgraciadamente ambas instituciones atraviesan una gravísima crisis que podría desembocar en el colapso del Estado de derecho. Tanto el TC, intérprete supremo de la Constitución, como el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, están siendo utilizados por la oposición como campo de maniobras para una peligrosa estrategia desestabilizadora.

La actual mayoría del CGPJ, elegida en 2002 por unas Cortes bajo control del PP para un mandato quinquenal ya vencido en noviembre de 2007, ha sido el encarnizado azote del Gobierno durante esta legislatura. Los dirigentes populares, en connivencia con sus agradecidos patrocinados, parecen dispuestos a obsequiar con la inmortalidad a esa encarnación temporal del CGPJ mediante el expediente de ordenar a sus diputados y senadores que nieguen el imprescindible apoyo a la formación de las mayorías cualificadas exigidas; la ausencia de previsiones constitucionales para impedir ese escandaloso boicoteo cierra la maniobra. Zaplana acaba de ratificar el propósito -anunciado hace ya casi dos años por Astarloa- de sabotear la preceptiva renovación del CGPJ como represalia contra el programa legislativo de la mayoría parlamentaria o como chantaje para modificarlo según sus caprichos. Y quien hace un cesto hace ciento: ¿no intentará el PP demorar también indefinidamente la renovación de los cuatro magistrados del TC -que le son favorables ahora por tres a uno- elegibles por el Senado?

La conquista de la presidencia del TC sería el paso intermedio y el instrumento necesario del PP para declarar la inconstitucionalidad de la mayor parte de las 19 disposiciones normativas que ha impugnado durante esta legislatura: desde el Estatuto de Cataluña hasta la ley de matrimonio homosexual, pasando por la ley de igualdad, la devolución de los papeles de Salamanca o el Plan Hidrológico Nacional. La voluntad de hacer tabla rasa de la labor realizada por las mayorías del Congreso y el Senado trasluce un antidemocrático menosprecio hacia el Poder Legislativo (y a su través hacia los ciudadanos que lo votaron) y muestra el propósito de convertir al alto tribunal en una Tercera Cámara al servicio de la minoría electoral. En el caso del Estatuto de Cataluña, la intervención de dos Parlamentos (las Cortes Generales y la Asamblea autonómica) y del referéndum popular de ratificación para aprobar el texto aumenta el riesgo de un conflicto entre el principio mayoritario y el imperio de la ley. A fin de llevar a cabo esa operación de desmantelamiento el PP necesitaría controlar al presidente del TC, que fija el orden de discusión de los recursos pendientes y cuyo voto de calidad deshace los empates, tan frecuentes en un tribunal formado por la cifra par de 12 magistrados y escindido ahora en dos por la indeseable politización de sus relaciones internas.