Un país amenazado por el extremismo

El general Pervez Musharraf se había comprometido a garantizar la seguridad de Benazir Bhutto cuando la líder del Partido Popular de Pakistán (PPP) regresara de su autoexilio. Las medidas de seguridad tomadas eran extremas. Unos 20.000 policías y 5.000 soldados habían sido desplegados por Karachi, además de blindados y helicópteros, pero la cruda realidad es que ni el jefe del Ejército y presidente del país es capaz de controlar la violencia que desgarra Pakistán.

El miedo a que la vuelta de Bhutto se convirtiera en un baño de sangre era palpable ayer en esta ciudad de 12 millones de habitantes, en la que con frecuencia las diferencias políticas se dirimen a balazos. Los colegios, comercios y oficinas habían cerrado sus puertas. Sólo tenía vida la zona en la que se habían concentrado los dos millones de seguidores de la líder del PPP. El Gobierno local, temeroso de las eventuales represalias que pueda haber hoy, decretó esta madrugada otra jornada de puertas cerradas a cualquier actividad.

Ni el jefe del Ejército y presidente del país ha podido garantizar la seguridad de Bhutto

El vacío de poder político que vive el país desde hace meses por los manejos del presidente para perpetuarse en el poder y su enfrentamiento con el Tribunal Supremo, que estos días analiza la constitucionalidad de su reelección por otros cinco años, han dado aire a la violencia que incendia Pakistán desde principios de año.

Las zonas tribales, fronterizas con Afganistán, se han convertido en refugio de miembros de Al Qaeda y radicales islámicos, tanto paquistaníes como afganos, cercanos al régimen talibán que gobernó en Afganistán hasta su derrocamiento por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, en noviembre de 2001.

En esas zonas, el extremismo se nutre del descontento de los habitantes de los dos países por la presencia de tropas extranjeras en suelo afgano y la sumisión del llamado Busharraf, además del dinero procedente de la recuperación experimentada en estos años por el cultivo del opio y el narcotráfico.

Todo apunta a que la política de bombardeos en Afganistán de EE UU y Musharraf, su mejor aliado en la lucha contra el terror, conduce a un callejón de violencia y odio que se extiende cada día más por este país de 165 millones de habitantes. Bhutto aseguró en el avión de vuelta que se empeñará en buscar una "salida negociada" al descontento tanto de las zonas tribales como de Baluchistán.

Esa provincia, fronteriza con Afganistán e Irán, también ha sufrido con crudeza en estos años la represión de Musharraf y el empleo de su maquinaria de guerra. Los llamados "daños colaterales", es decir, los civiles muertos, se cuentan por cientos y hay cientos de desaparecidos.

Pero tal vez, lo que llevó definitivamente a una buena parte de los paquistaníes a volverle la espalda a Musharraf fue su decisión de asaltar, en julio pasado, la Mezquita Roja de Islamabad. Muchos paquistaníes aseguran que no comprenden por qué el general no pactó con los radicales una salida. "Se dice musulmán y mata a jóvenes musulmanes porque piden que las leyes del país se rijan por la sharia [ley islámica]. No tiene perdón de dios", declararon miembros de la oposición islámica.

Estados Unidos, pese a ser el principal apoyo de Musharraf, también parece consciente de la necesidad de cambiar el ritmo político del país para evitar que la deriva de la violencia sea incontenible. De ahí, el apoyo dado a Bhutto para que regresara y compartiera el poder con el general. Pero tal vez se ha tardado demasiado en comprender que la democracia, más que el régimen militar, puede frenar la descomposición del país.