¿Habrá que soportar una Europa secreta?

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento contra el Gobierno sueco por haber hecho público un documento confidencial de la UE sobre una nueva modalidad de maíz transgénico. La batalla llegará posiblemente a los tribunales, pero lo que se está planteando de verdad no es un asunto relacionado con la agricultura y la biotecnología, sino algo mucho más importante: el derecho de los ciudadanos europeos a la transparencia de todas las Administraciones, nacionales y comunitarias. ¿Por qué protesta la Comisión? ¿Acaso para defender a los ciudadanos europeos? ¿Qué nos interesa más a todos nosotros: la legislación sueca, que obliga a la Administración de ese país a mantener una sólida política de transparencia, o la legislación europea, mucho más secretista y opaca? ¿De qué nos defiende la Comisión?

Lo curioso es que, gracias a esta polémica, muchos europeos nos hemos podido enterar de que existe una directiva de la UE orientada a productos modificados genéticamente, según la cual si una empresa pide en un país concreto de la UE la homologación de uno de sus productos y ese país decide declarar secretos todos los datos, el resto de los socios europeos está obligado a aplicar el mismo tratamiento. En este caso, la multinacional Monsanto presentó la solicitud en Holanda, donde se declaró confidencial. Greenpeace recurrió entonces a los tribunales suecos, donde se impuso la legislación nacional sobre transparencia informativa.

¿Qué va a prevalecer al final? ¿La peor tradición europea de secretismo administrativo? Los españoles, que sufrimos una de las Administraciones más oscuras y una de las legislaciones menos nítidas de la UE al respecto, deberíamos estar atentos. Nadie puede dudar de que la falta de transparencia es uno de los motivos por los que es tan difícil en este país pedir responsabilidades políticas concretas cuando algo funciona mal.

¿No querríamos todos saber quién es responsable de qué cosa? Por ejemplo, el nombre de quien decidió que las ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en la zona del Maresme (Cataluña) no necesitan llevar un médico. Nombre y apellido de quien debió ordenar que no se construyera en los cauces de los ríos de la comarca alicantina de La Marina Alta y que se limpiaran los alrededores de los puentes, y no lo hizo. La identidad de quien optó por correr todos los riesgos que hicieran falta y desquiciar a los usuarios de la red de ferrocarriles de Cercanías de Cataluña con tal de que el AVE llegue a Barcelona en una fecha precisa, ni un mes después.

Todo esto lo podríamos saber, y seguramente corregir, con unas reglas de transparencia más parecidas a las ahora denunciadas por Bruselas. El problema, como explica el periodista sueco Anders Olsson, no se soluciona con unas normas que obliguen a la Administración a hablar de sí misma (como se creen algunos en España). Eso suele desembocar en simple y pura propaganda.

De lo que se trata es de obligar a la Administración (da igual el color del Gobierno de turno) a trabajar bajo el control y la observación de los ciudadanos. "Las actividades públicas deben estar abiertas, independientemente de lo que las propias autoridades piensen que es lo relevante y lo que no", explica Olsson. Somos los ciudadanos, españoles y europeos, los que debemos defender la legislación sueca sobre transparencia y los que debemos exigir que se aplique en nuestros países y en la Unión, y no al contrario.

Si se construye Europa sobre el secreto, ¿cómo esperar que los ciudadanos muestren la menor confianza? Derrotada la Europa política que quizás hubiera podido encontrar su camino gracias a la fallida Constitución, cuya defunción se firma hoy en la cumbre de Lisboa, ¿habrá que soportar también una Europa impenetrable y subrepticia?

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