Jaime Javier sí trabajaba allí

Mientras estaba en coma, Jaime Javier soñó que su casa ardía. Él, en el hospital tras un accidente laboral que le quemó el 85% del cuerpo, sufrió la pesadilla de que el hogar de su madre, sus tres hijos y algunos de sus nueve hermanos en Paraguay sucumbía a las llamas. Cuando despertó supo que no había sido un sueño.

La vida de Jaime Javier Aguilar, paraguayo de 40 años residente en Madrid, se truncó el 13 de julio de 2006. Sufrió un accidente mientras arreglaba un sótano de la sede del PP, en la calle de Génova. No tenía contrato de trabajo ni papeles de residencia. Se prendió una chispa y él ardió. Permaneció en el hospital de La Paz siete meses. Lleva 11 operaciones: trasplantes de piel, de músculos, amputación de un dedo y una falange, implante de uñas... La siguiente operación será para cortarle otro dedo de la mano derecha. La empresa que lo contrató se desentendió, pero una sentencia reconoce ahora que no debieron darle de lado.

El hombre lleva 11 operaciones quirúrgicas tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo

Jaime Javier trabajó ocho meses para Carrocerías Tomás, subcontratada por Telegest, empresa a la que el PP hizo el encargo de la obra. Entre 10 y 12 horas diarias, de lunes a sábado. Ninguna quiso saber nada de él tras el siniestro. "Nunca me visitaron", rememora el hombre con voz queda en su habitación de una casa compartida, en el barrio de Pacífico. Una cama de matrimonio para él y su mujer, un armario destartalado, un aparador con una tele y otro camastro para su hermana recién llegada.

El hombre relata con cierta vergüenza cómo se quedaron con una mano delante y otra detrás, a expensas de la caridad de los amigos y del personal del hospital. La dueña de la casa no le cobra el alquiler desde que se quedó sin trabajo. En una cartera marrón guarda las recetas de las medicinas que no puede pagar porque no tiene dinero. Cremas que le rebajan los picores y reducen su sensación de "tener siempre un plástico encima", dice mientras se rasca un brazo quemado.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Madrid reconoce ahora su relación laboral con las empresas que le dejaron tirado. Las obliga a abonar el subsidio de incapacidad laboral por su accidente, 36 euros diarios, desde julio de 2006 hasta que le den el alta o la incapacidad permanente. El juez entiende que "no procede extender la responsabilidad" al PP.

La sentencia es recurrible, pero las empresas deberán pagar por adelantado. Jaime Javier no sabe aún cuándo ni cuánto cobrará. Pero su mujer acaba de encontrar un trabajo gracias a UGT, que le puso un abogado tras el siniestro y le ha asesorado todos estos meses. El sindicato pretende conseguir una incapacidad permanente, aunque él quiere volver a trabajar. Y visitar a sus tres hijos y a su madre, a los que no ve desde mucho antes de que prendieran las llamas.