Los demócratas anuncian una investigación sobre las torturas de la CIA

Bush dice que las técnicas de interrogatorio han servido para obtener información valiosa

Aunque el presidente George Bush negó ayer que Estados Unidos torture a los detenidos por terrorismo, el Congreso ha solicitado al Gobierno varios documentos que parecen demostrar lo contrario y ha anunciado una investigación al respecto. La mayoría demócrata que controla ambas cámaras intentará comprobar, según han advertido sus principales representantes, si la Administración norteamericana ha violado la ley que prohíbe expresamente las torturas.

El presidente compareció ayer brevemente ante los periodistas en la casa Blanca para decir que no. "Este Gobierno no tortura a la gente. Nos atenemos a la ley y a nuestras obligaciones internacionales", declaró. Bush defendió, no obstante, el programa de interrogatorios a sospechosos de Al Qaeda puesto en marcha mediante un decreto presidencial este año y que permite el uso de técnicas no admitidas por el Ejército. El presidente dijo que esas técnicas y esos interrogatorios "han servido para obtener de los detenidos información muy valiosa para estar mejor protegidos".

El presidente dijo que esas técnicas (que no se conocen en detalle) han sido reveladas a ciertos miembros del Congreso y que se atienen a la exigencia legal de que no causen un daño "cruel, inhumano o degradante" a los detenidos.

Y es aquí, precisamente, donde radica la controversia en estos momentos. El diario The New York Times reveló el jueves que el Departamento de Justicia, bajo el mando de Alberto Gonzales, había sostenido en documentos secretos que ciertos métodos de interrogatorio como golpes en la cabeza, simulación de asfixia o la estancia en temperaturas heladas no son trato cruel, inhumano o degradante. Probablemente, Bush está negando las torturas basándose en esa misma concepción.

Ver los documentos

El Congreso ha pedido ahora ver esos documentos y ha prometido actuar en consecuencia. El senador Patrick Leahy advirtió ayer de que está "revisando ciertas declaraciones para comprobar si alguien ha cometido perjurio". "Existen", añadió, "testimonios jurados de miembros de la Administración que parecen entrar en contradicción con lo que revela The New York Times". Hay que recordar que Bush no es el primer integrante del Gobierno que declara que EE UU no tortura.

Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, John Conyers, anunció una investigación sobre este episodio por tratarse de un asunto "extremadamente doloroso, especialmente a la luz de la decisión de 2004 de prohibir oficialmente esos métodos". Conyers se refería a la suspensión ese año de la autorización dada por el presidente después del 11-S para usar ciertos métodos de castigo físico y psicológico contra los sospechosos de terrorismo.

La primera batalla política sobre este asunto se va a librar muy pronto, en unas pocas semanas, cuando el Senado tenga que discutir la confirmación de Michael Mukasey como nuevo fiscal general, en sustitución de Gonzales.

Aunque la primera reacción del Congreso a la designación de Mukasey, a quien se tiene como un profesional íntegro e independiente, fue positiva, los senadores van a aprovechar la ocasión para asegurarse de cuáles son sus posiciones sobre la tortura y qué sucede con los documentos revelados por The New York Times, aparentemente todavía en vigor.

Se desconoce aún la posición que van a tomar los congresistas republicanos en esta oportunidad. Ayer, el senador John McCain, candidato republicano a la presidencia, dijo que la Casa Blanca le había dado garantías de que antiguos métodos como el de meter la cabeza del detenido en agua ya no se practican.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 05 de octubre de 2007.

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