La Ley de Servicios Sociales beneficiará a 500.000 catalanes

La renta de los hijos o del cónyugue dejará de computar para acceder a una plaza de residencia pública para ancianos. Ésta es una de las consecuencias prácticas de la Ley de Servicios Sociales aprobada ayer por el Parlament, cuyo objetivo es abrir el acceso a este tipo de servicios a las clases medias. Así, a los 825.000 catalanes atendidos en la actualidad se les sumarán otras 500.000 personas en dos años. En el mismo periodo se crearán 10.000 plazas de residencia.

Las ayudas concretas que los sucesivos gobiernos han ido adoptando en los últimos años, en muchas ocasiones con marcado carácter electoral, pasarán a estar garantizadas por ley. El texto, aprobado ayer por unanimidad, intenta eliminar arbitrariedades a la hora de conceder ayudas, por eso fija las bases de un catálogo de servicios que cumplir en un máximo de dos años y que viene a ser un compromiso del Gobierno ante el Parlament. "Habrá igualdad de oportunidades para todos, acceso universal y servicios sociales de proximidad", afirmó la consejera de Acción Social, Carme Capdevila.

Todos los ciudadanos tendrán acceso a un profesional de referencia que sería el equivalente al médico de cabecera de los servicios sociales. Esta persona orientará a los usuarios en todas las gestiones que necesiten a lo largo de su vida y las avisará cuando deban hacer un nuevo trámite o exista una nueva ayuda que les pueda beneficiar. Todas las áreas básicas de servicios sociales tendrán como mínimo tres diplomados en trabajo social y dos diplomados en educación social para ofrecer este servicio. Las áreas con más de 15.000 habitantes verán incrementadas estas ratios.

La Ley de Servicios Sociales es un proyecto que el Gobierno de Pasqual Maragall ya impulsó en su día, pero que el avance electoral impidió aprobar. Después, el texto se ha tenido que adaptar, en parte, por la aprobación de la Ley de Dependencia por el Gobierno central. La Generalitat insiste en que ambas leyes se complementan y en que los ciudadanos tendrán una única ventanilla a la hora de exigir los servicios sociales que les corresponden.

Residencias y teleasistencia

La ley catalana legisla sobre asuntos tratados ya en la ley de dependencia. Por ejemplo, la Generalitat se compromete a que en un plazo de dos años haya 24.000 beneficiarios de los servicios públicos de teleasistencia. Ahora hay poco más de 15.000. Las plazas en residencia de tercera edad pasarán de 54.000 a 65.000. Ello debe facilitar, según el Gobierno, que las clases medias tengan acceso a unos servicios hoy copados por las personas con necesidades más perentorias. En total, unas 500.000 personas que ahora no reúnen los requisitos para acceder a los servicios sociales podrán beneficiarse de ellos en los próximos dos años.

Una de las fórmulas para bajar el listón de acceso es el cambio en la fórmula de cálculo de las rentas de los beneficiarios. Hasta ahora, por ejemplo, muchos ancianos con rentas bajas se han quedado sin acceso a una residencia pública porque sus hijos sí tienen un nivel de ingresos que, en teoría, hace posible costear una residencia privada. Ahora la renta de los hijos o del cónyuge no se tenga en cuenta. Sólo se valorará el nivel de ingresos del beneficiario, ya sea a través de pensiones o de patrimonio.

Aparte de la atención a personas dependientes, la ley establece mejoras en servicios como los hogares para menores en régimen abierto. Las actuales 5.222 plazas deberían convertirse en 7.800 en los dos primeros años de vigencia del texto.

La ley no entrará en vigor hasta enero. En los próximos tres meses la Generalitat deberá desarrollar la ley para aprobar el denominado "catálogo de servicios", que incluirá las prestaciones garantizadas y las diferenciará de las otras prestaciones. Cualquier nueva prestación que se quiera incluir en este catálogo deberá ir acompañada de la memoria económica que, de alguna forma, garantice su continuidad en el tiempo.

Todos los grupos dieron el sí a la nueva ley. Y eso que los tres partidos de la izquierda rechazaron todas las enmiendas que presentó la oposición: Convergència i Unió, el Partido Popular y Ciutadans. Pese a ello, el diputado de CiU Josep Lluís Cleries celebró el "diálogo sincero y abierto" de todos los partidos. La diputada del PP Montserrat Nebrera llamó al Gobierno a especificar que lo que se universaliza no es el derecho a recibir servicios sociales, sino el "acceso" a ellos.

Sindicatos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones dedicadas a la atención social celebraron la ley, pero no faltaron los reproches. "Hay que avanzar hacia la verdadera gratuidad de los servicios sociales y regular mejor los conciertos para evitar que algunos hagan negocio con la atención social", manifestó la mesa del Tercer Sector Social, que engloba a entidades como Cruz Roja y otras 23 organizaciones. "Si la ley es universal y gratuita, no debería haber copago", concluyó el comité de representantes de entidades de discapacitados.

Comisiones Obreras instó al Gobierno a que apruebe el reglamento de la ley y concrete exactamente qué nuevos servicios podrá prestar a los ciudadanos. El sindicato también lamentó que la nueva ley no prevea medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las entidades y empresas del sector de la atención a personas discapacitadas.