Unos Presupuestos para cerrar una legislatura

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó ayer en el Congreso los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de esta legislatura y los que, pase lo que pase en las próximas elecciones generales, serán los últimos en los que él esté al mando. Quizá por ello, y porque se siente seguro de la buena situación económica en la que deja el país, el siempre comedido ministro estuvo ayer más político que nunca y, ante la prensa, se lanzó a la palestra con valentía. Atacó al PP en las ocasiones que le convino, defendió la solvencia de la economía española y rechazó las críticas que tachan de electoralistas las medidas proyectadas.

Los PGE para 2008 mantienen el objetivo trazado por el Gobierno socialista durante toda la legislatura, es decir, el logro de la estabilidad, aunque, inevitablemente, entran de lleno en campaña electoral con algunas actuaciones de carácter fiscal y social, diga lo que diga el vicepresidente. Es verdad, en cualquier caso, que los presupuestos "no son muy distintos a los anteriores" y que, por tanto, "los cuatro Presupuestos han sido para ganar las elecciones", porque "el Gobierno quiere que la gente aprecie lo que hemos hecho".

Las cuentas mantienen el objetivo de lograr la estabilidad, trazado para toda la legislatura

"Los Presupuestos de estos cuatro años han sido para ganar las elecciones", dice Solbes

Solbes cierra el ciclo convencido de la buena salud económica de España y puede sacar pecho en esta despedida defendiendo "los Presupuestos que necesita España en el actual contexto internacional". En estos años, ha logrado y consolidado el superávit público, lo que le permite atacar al PP ("la despensa no sólo estaba vacía, sino que no habían pagado la última compra"), y mantener una línea progresiva de gasto social ("no hay despilfarro, ese tremendo gasto social

que nos va a llevar a la catástrofe no está en ningún sitio").

Ahora plantea unos presupuestos ambiciosos y quiere dar confianza. La que necesita de los grupos minoritarios -la postura del PP ya se sabe- en el Congreso para sacarlos adelante. Los vascos parecen los más cercanos al apoyo; los catalanes se han mostrado intencionadamente remisos a pesar de los últimos compromisos del Gobierno; los canarios han permanecido callados e IU exige más compromiso social.

Mientras tanto, el superministro califica de "robusta" la previsión de crecimiento del 3,3% para el próximo ejercicio pese a imprevistos desenlaces por las últimas turbulencias financieras internacionales y la justifica en que los fundamentos de la economía española conceden "un amplio margen de seguridad". Pero, probablemente, tienen razón los analistas que dicen que es muy osado mantener la previsión de crecimiento de junio, el 3,3%, cuando todavía no se habían producido estos desajustes mundiales. El director del FMI, su antecesor con el PP, Rodrigo Rato, advirtió el lunes que la crisis se notará en 2008. Ya se verá.

La economía, en ese contexto, presenta unas cuentas solventes que permiten prever superávit por cuarto año consecutivo, continuar con la reducción de la deuda pública de forma significativa (34,3% del PIB), elevar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a más de 52.300 millones y volver a acometer rebajas de impuestos. Además, continúa con la clara apuesta de años pasados de potenciar el capital tecnológico y humano, partidas éstas que más inciden en la productividad y en la mejora del bienestar, sobre todo las correspondientes al gasto en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y educación, capítulos que crecen un 17% y un 14% y donde España sigue presentando carencias.

Asimismo, los PGE se vuelcan en infraestructuras y gasto social, quizás los apartados con más reclamo electoral, pero igualmente necesarios para continuar la modernización de las comunicaciones por vía terrestre (ferrocarril y carretera) y atender las necesidades de las familias en materia de vivienda, pensiones, dependencia... Son actuaciones, además, compatibles con los objetivos de reducir la deuda pública, que, a lo largo de la legislatura, habrá caído 12 puntos porcentuales. De ese recorte, la mayor parte (10 puntos) proviene de la Administración central, mientras los entes territoriales sólo han contribuido con un punto.

Un análisis sobre las prioridades dadas al gasto muestra una evolución homogénea (véase cuadro). En los cuatro años socialistas, los gastos en educación, I+D+i e infraestructuras han aumentado un 53%. Las partidas de gasto social (vivienda, inmigración y dependencia, entre otros) lo han hecho un 189%, es decir, casi el triple, alcanzado ya cerca de 5.000 millones de euros. Los gastos en solidaridad, un poco menos (169%), y los referidos a justicia, seguridad ciudadana y defensa un 36%, pasando de 13.625 a 18.583 millones de euros.

El sesgo electoralista, en cualquier caso, no se lo quita nadie y eso siempre hace alguna mella en la seriedad de los compromisos que se adquieren. En ese contexto hay que situar la rebaja fiscal, anunciada el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba los Presupuestos, y las ayudas al alquiler, las prometidas por hijos o para la salud dental, adelantadas previamente. Todas esas medidas van a suponer una rebaja de 2.300 millones de euros, según los cálculos del propio Ejecutivo.

Es cierto, eso sí, que estas disposiciones, sobre todo la que corresponde al recorte fiscal específicamente (deflactación de la tarifa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), forman parte de un programa pensado para toda la legislatura que viene a compensar, además, la subida de tipos de interés.