Sigue abierta la causa judicial por el almacén de lindane de Babcock

La Audiencia de Vizcaya ha decidido mantener la imputación contra el ex presidente de la empresa Babcock Ricardo González Orús por la presunta ilegalidad de un almacenamiento de residuos del pesticida tóxico lindano que mantuvo la compañía entre 1995 y 2001. La Audiencia coincide con el juzgado instructor del caso en la ilegalidad del almacén porque "existen indicios de que se ha omitido al menos la evaluación de impacto ambiental".

Este caso se encuentra en los tribunales desde 2001, cuando la asociación ecologista Lur Maitea denunció la existencia de 3.500 grandes sacos con lindane, con un volumen de más de 7.000 metros cúbicos, en una nave abandonada de la empresa Babcock en Sestao. Este material permaneció guardado de 1995 a 2001, cuando todos los desechos se trasladaron al gran depósito de lindane de Barakaldo. Lur Maitea considera el almacén "ilegal y clandestino".

Las diligencias fueron archivadas por los juzgados de Barakaldo en dos ocasiones, en 2003 y 2005, pero la Audiencia vizcaína ha ordenado reabrirlo otras tantas veces. La defensa de dos de los siete imputados -la acusación se extiende a otros cinco responsables de Babcock entre junio de 1995 y mayo de 2000- solicitó hace un año el archivo de la causa para sus clientes, el ex presidente Ricardo González Orús y el ex director técnico Ángel Agraz. La juez instructora lo rechazó porque considerarlos responsables de que no se realizara una evaluación de impacto ambiental previa.

La Audiencia de Vizcaya, en un auto del pasado 25 de julio, archiva la causa contra Agraz al entender que se limitó a solicitar la licencia de almacenamiento. Pero respecto de Ricardo González Orús, quien fue consejero de Industria del Gobierno vasco (1987-1991) antes de acceder a la presidencia de Babcock, rechaza que "fuera del todo ignorante de las diversas actuaciones dirigidas a la creación y mantenimiento del depósito". Por ello, mantiene la imputación.

Los informes técnicos pendientes sobre si hubo o no riesgo para la salud humana o los ecosistemas pueden ser determinantes a la hora de decidir si los hechos constituyen delito.