Castells pide contención a los consejeros y que recorten sus gastos en 900 millones

El Gobierno catalán tendrá que apretarse el cinturón. El parón gradual que vive el mercado inmobiliario está ya afectando a la recaudación tributaria de la propia Generalitat. El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, ha pedido a cada uno de los departamentos del Ejecutivo que pongan en marcha medidas de ahorro de forma inmediata. El objetivo es intentar recortar este año hasta un máximo de 900 millones de euros. El Gobierno catalán intentará concentrar el ahorro en los gastos corrientes, de modo que la inversión se vea afectada lo menos posible.

Las previsiones de ingresos del Gobierno catalán para este año, en que cuenta con un presupuesto total de 32.218 millones de euros, no cuadran. El responsable de la caja de la Generalitat, Antoni Castells, pasó un claro mensaje a todos los miembros del gabinete en la reunión del Consell Executiu de hace dos semanas. Según corroboraron a EL PAÍS distintas fuentes del Ejecutivo, Castells pidió contención a los consejeros, tras dibujar un panorama poco halagüeño sobre la recaudación que se espera para este ejercicio, a través de impuestos relacionados con la vivienda.

En la reunión del gabinete que preside José Montilla, Castells realizó una proyección de los ingresos para el conjunto del año a partir de los obtenidos durante el primer trimestre de 2007. De continuar la tendencia -un crecimiento menor al esperado-, el Gobierno catalán debería poder ahorrar, como mínimo, 600 millones de euros. Otras fuentes elevaron la cifra hasta un total de 900 millones. Algunos consejeros han confesado en privado haberse quedado "pasmados" ante el anuncio.

El recorte afectará por igual a todos y cada uno de los departamentos, pero la intención del tripartito es dejar a salvo de la tijera las partidas destinadas a inversiones en infraestructuras, visto el malestar ciudadano provocado por el caos vivido este verano en trenes, autopistas y aeropuertos.

La intención del Ejecutivo es limitar el ahorro en el conjunto del gasto corriente, en la medida de lo posible. Según sus colegas de gabinete, Castells incidió en la necesidad de frenar la contratación de personal pero también afectará a gastos de protocolo, representación institucional, publicaciones o petición de informes a empresas o personas externas a la Administración.

Según las fuentes consultadas, los impuestos que no están generando tantos ingresos como se preveía hace unos meses, cuando se aprobó el presupuesto, son tanto el de Sucesiones y Donaciones como, sobre todo, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se trata de tributos cedidos a las comunidades autónomas.

Problema común

Por el primero de estos tributos, el presupuesto de la Generalitat para 2007, prevé 795 millones de recaudación. Por el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -cuya recaudación "ha caído en picado" según uno de los consejeros consultados-, 4.445,1 millones.

"Tomaremos medidas conservadoras para adaptar mejor el gasto a la evolución de los ingresos", corroboró un portavoz del Departamento de Economía. "Efectivamente, se está notando una tendencia a la baja en la segunda parte del ejercicio", añadió.

No es un problema catalán. Todas las comunidades autónomas han notado el descenso de ingresos. El asunto afloró en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a las distintas comunidades autónomas, celebrado el pasado martes en Madrid, confirmaron fuentes de Presidencia.

Se da la circunstancia de que el presidente Montilla y el propio Castells habían anunciado una rebaja "significativa" de la tributación de las herencias para este mismo año. La reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no se verá afectada en absoluto por la nueva política de contención, apuntó Economía. La oposición de CiU y el PP exigen su supresión.

El Gobierno catalán había anunciado además otra rebaja fiscal, en este caso de un punto y limitada al colectivo de jóvenes, aplicable al impuesto que se formaliza cuando se escritura la compra de una vivienda y la hipoteca. Este recorte ya se está aplicando.

Este año, la Generalitat se ha comprometido a no incrementar la presión fiscal, que en Cataluña subió un punto en 2005. La razón de esta subida radicaba precisamente en las consecuencias de la bonanza económica, espoleada por el boom inmobiliario. En enero pasado, Castells explicó en el Parlament que esta explosión de la vivienda había supuesto, sin necesidad de subir un solo impuesto, aumentos importantes en la recaudación de tributos como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Información elaborada por Ariadna Trillas, Miquel Noguer y Josep Garriga.