Los alcaldes ante el reto de hacer viviendas

La aprobación del Anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda por parte de la Junta ha abierto durante la semana un tenso debate sobre la medida, calificada por unos como "valiente", acorde a la Constitución y al nuevo Estatuto de Autonomía, y como "una gran medida para un debate real", y para otros como un "gran engaño" y un anuncio "puramente electoralista" por parte de la Junta.

Lo cierto es que la ley no ha dejado indiferente a nadie. En el PSOE el eco mediático ha despertado entusiasmo entre sus filas por lo que consideran un avance político de gran calado, si bien también ha habido voces discrepantes como la del ministro de Economía, que se cuestionaba su viabilidad económica y alertaba de que podría ocasionar restricciones.

La Junta ha asegurado que ha hecho los números y que si ayuntamientos, entidades financieras y constructores se ponen de acuerdo y sellan el Pacto por la Vivienda lanzado por el presidente Chaves, la medida, aunque no esté aprobada la ley, se podría aplicar a partir de enero de 2008.

En la oposición ha habido de todo. Desde el PP andaluz se habla de electoralismo, fraude, engaño... Su presidente, Javier Arenas, ha afirmado que el 94% de los andaluces tendría derecho a esas ayudas para acceder a una vivienda y que el plan necesitaría un desembolso económico de 23.000 millones de pesetas. "En 15 años la Junta de Andalucía tendría que pagar el total de su presupuesto para poder mantener este sistema de vivienda. Por tanto, en Andalucía no habría ni educación, ni sanidad, ni nada", llego a decir el viernes.

Sin embargo, desde comunidades gobernadas por los populares, como la de Madrid, se ha intentado restar importancia o valor a la medida, asegurando que en esta comunidad, ese sistema de acceso público a la vivienda ya se lleva a cabo.

Por su parte, los promotores y constructores han saludado la noticia con cierto escepticismo. Nadando y guardando la ropa. Han dicho que es bueno un plan que permite mantener la actividad, pero que hace falta suelo público para poder llevarlo a cabo.

En cualquier caso, a los que les va a tocar aplicar la nueva ley son los alcaldes, todos ellos estrenando legislatura, y la mayoría con programas que incluyen medidas para facilitar viviendas a sus vecinos. Ésa es la clave principal en la que confía la Junta para que su ley sea un éxito.