Valiente para unos y engaño para otros
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, vaticina que la propuesta "realmente novedosa" beneficiará al mismo tiempo a constructores, promotores y ciudadanos. "Hará de la necesidad una virtud. Los constructores no pararán actividad y los andaluces tendrán acceso a la vivienda que se les resiste", afirma Toscano, quien advierte de que es "la ocasión" de involucrar a todos los sectores interesados -administraciones, sectores económicos y ciudadanos-: "Es el momento de alcanzar ese gran pacto ante el problema que hay en la sociedad y las señales de recesión económica que se vislumbra, especialmente, en la construcción. Sólo así todo el mundo saldrá beneficiado". En este sentido, lamentó las críticas: "No las entiendo porque soy de los convencidos de que las administraciones públicas tienen recursos cuando quieren".
Los alcaldes defienden o atacan el proyecto, según el color de las siglas de su partido
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, es uno de los líderes en ejecución de vivienda protegida en Andalucía y se muestra muy satisfecho de la nueva ley, para la que ya tiene cifras. Tras acometer la construcción de 15.453 viviendas protegidas entre 2003 y 2007, de las que 6.700 son promovidas directamente, el alcalde sevillano dice que para atender al 100% de la demanda, ya tiene diseñado un nuevo plan 2008-2011, con 22.000 nuevos pisos.
Antonio Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá de Guadaíra y secretario de Economía y Empleo del PSOE andaluz, afirma que "es una de las decisiones políticas más valientes en mucho tiempo" y que ha abierto "por fin un debate real" sobre la vivienda en España. En su opinión, la ley es viable económicamente a la par que garantizará una gran actividad para las constructoras y generará mucho empleo en el sector que deberá construir 300.000 VPO en la próxima década. Confirmó que Alcalá tiene reservado el 40% de su suelo urbanizable a VPO.
Carmen Peñalver, alcaldesa de Jaén, se muestra también dispuesta a colaborar con la ley y contempla en su programa la construcción de más de 4.000 VPO. De momento, el Consistorio jiennense ha encargado a Obras Públicas un estudio para detectar las carencias y tipologías de viviendas que hacen falta, que debe estar en tres meses.
El veterano alcalde de Baeza,Leocadio Marín, tiene claro que "una de las mayores presiones que sufre un alcalde es la falta de vivienda para atender todas las necesidades". Marín admite, no obstante, que su ayuntamiento no tiene, al menos por ahora, suelo para ponerlo a disposición de la Junta, aunque confía en tenerlo una vez concluya la revisión del PGOU.
La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), señaló que esta iniciativa es una "excelente herramienta" si las partes implicadas colaboran. Sin embargo, no especificó cuánto suelo puede poner su ayuntamiento a disposición de la Junta, ya que actualmente el nuevo PGOU está en revisión, aunque situó el mínimo en 9.565 viviendas de protección oficial.
Para la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), lo peor del proyecto de la Junta es que llega en un periodo prácticamente electoral. "El peligro que se corre es que la medida no se haga realidad y no se cumplan las expectativas e ilusiones de los ciudadanos. Pero la obligación es hacer posible esa realidad desde el diálogo y el consenso político y no buscando la rentabilidad electoral. Pero es un paso adelante en donde los ayuntamientos somos una pieza clave. La ley no será posible si no se cuenta con los ayuntamientos". IU pide urgencia en la aprobación de la ley.
Los alcaldes populares de Cádiz, Almería y Huelva sitúan la medida en un canto de sirena electoral, mientras que los de Málaga y Granada, también del PP, rehusaron valorar el anteproyecto. "Un nuevo engaño del presidente de la Junta, que pretende que nos creamos que con esta ley, que necesita muchos recursos económicos, va a solucionar el problema de la falta de viviendas", dice Teófila Martínez, que añade: "Estoy deseando conocer los recursos económicos en los presupuestos de 2008".
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, alcalde de Almería, compara la medida con otros anuncios socialistas. "Recuerdo la famosa promesa de vacaciones para las amas de casa o lo de una cama por habitación en los hospitales y ordenadores para los escolares, etcétera. Ya de por sí, anunciar una medida de este tipo al final de una legislatura es sonrojante y una falta de respeto a todos los ciudadanos que pagan una hipoteca".
Por su parte, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, descalificó el anteproyecto atacando directamente al presidente andaluz: "Al presidente de la Junta ya no le cree ningún andaluz cuando habla de políticas de viviendas, ya que ha dejado de asumir sus responsabilidades en los últimos años".
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