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Argelia atribuye la rescisión del contrato con Repsol y Gas Natural al "fiasco industrial"

La firma estatal Sonatrach reclama compensaciones sustanciales a las empresas españolas

La compañía estatal argelina Sonatrach, que acaba de quitar a Repsol YPF y Gas Natural el proyecto que les adjudicó para explotar y comercializar el gas de Gassi Touil, un yacimiento al este del país, explicó ayer las razones de su decisión. Frente a lo esgrimido por las firmas españolas, que consideran que ha habido una "apropiación ilegítima" del proyecto y la relacionan con un cambio en la política energética de Argelia, Sonatrach mantuvo que la resolución del contrato se debió al "fiasco industrial" de Repsol y Gas Natural en la ejecución del proyecto, valorado en 5.200 millones.

La mayor aventura empresarial de Repsol YPF y Gas Natural en Argelia comenzó en 2004, cuando ganaron un concurso internacional convocado por Sonatrach. En una decisión inédita hasta ese momento, la compañía estatal que monopoliza la explotación de los hidrocarburos argelinos permitió a dos firmas extranjeras intervenir en todo el proceso gasístico (exploración, extracción, transporte, licuefacción y venta) a cambio de que asumiesen el coste industrial y le cedieran una participación: Repsol se quedó con un 39%; Gas Natural, con el 26%, y Sonatrach, con el 35% restante. Pero, tras varias tensiones y roces, el proyecto ha terminado de encallar esta semana.

La resolución del contrato fue dada a conocer el lunes por Repsol YPF y Gas Natural, que la consideraron "ilegítima", pero no sorprendente, al recordar "la decisión política manifestada en los últimos meses por las autoridades argelinas".

En un comunicado difundido ayer tras dos días de silencio, Sonatrach lamentó este "tono político gratuito" y acusó a las firmas españolas de "una tentativa de atribuir de manera injustificada la decisión de rescindir el contrato al Estado argelino", que es el dueño de Sonatrach.

Lo cierto es que el ministro de Energía, Chakib Jelil, había aireado en los últimos meses los supuestos retrasos de Repsol y Gas Natural en la ejecución del proyecto, así como su rechazo a la intención española de revisar el contrato por el incremento de los costes de ingeniería de la planta de licuefacción, dada la demanda de instalaciones de este tipo. Unas quejas que ya motivaron una visita a Argel en febrero de los presidentes de Repsol, Antoni Brufau, y Gas Natural, Salvador Gabarró.

"La rescisión se hizo en aplicación de las cláusulas del contrato, debido a que Repsol YPF y Gas Natural no ejecutaron sus obligaciones contractuales", afirma en su comunicado la empresa argelina, que insiste: "Se han producido retrasos e incrementos de costes muy importantes, y Repsol YPF y Gas Natural no ejecutaron sus obligaciones contractuales".

Las compañías españolas admitieron el lunes que hay retrasos en la obra, que debía ponerse en marcha a finales de 2009. Y que el cuello de botella en la compra de materiales y contratación de ingenieros especializados, que afecta a todo el sector energético por la acumulación de proyectos gasísticos, también ha influido en el encarecimiento del proyecto. Pero insisten en que los problemas eran subsanables y en que aún no se había entrado en la fase definitiva de desarrollo del proyecto.

Arbitraje internacional

La "decisión política" a la que hicieron referencia Repsol YPF y Gas Natural en su comunicación del lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene más que ver con el paso atrás de Argelia en su estrategia energética. El proyecto de Gassi Touil era la primera piedra de una política de liberalización que abanderaba el propio Jelil hace apenas tres años. En esa lectura, la subida del precio de los carburantes y recientes ejemplos de nacionalismo energético, como el de Venezuela, habrían persuadido al Ejecutivo argelino a retomar el control de los proyectos extractivos y a abortar la iniciativa inaugurada con Gassi Touil.

Los efectos mercantiles de la resolución se dirimirán en un tribunal de arbitraje internacional, como prevé el propio contrato. Ayer, Sonatrach aseguró que había recurrido a esta vía para pedir una "reparación sustancial" a las empresas españolas. Por su parte, Repsol y Gas Natural también reclamarán daños y perjuicios, además de exigir que se analice la legalidad de la decisión argelina. Ante la situación creada, el PP pidió ayer que el ministro de Industria, Joan Clos, comparezca en el Congreso.

Por otra parte, la Audiencia Nacional desestimó ayer el recurso de Repsol contra la multa de tres millones que le impuso Competencia en 2001 por fijar los precios a sus gasolineras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de septiembre de 2007