Pensiones de Rodiezmo

La subida de las pensiones mínimas en una proporción que dobla la del resto, según el compromiso asumido el domingo por el presidente del Gobierno en Rodiezmo (León), beneficiará en particular a las viudas menores de 60 años y con personas a su cargo. Su situación viene siendo objeto de denuncia desde hace años: al enviudar pasan a cobrar la mitad de la pensión que percibía su marido, lo que reduce de manera drástica y repentina sus ingresos y en muchas ocasiones las condena a la pobreza. Con la subida prometida pasarán a cobrar 600 euros al mes, frente a los 493 que perciben ahora. Se trata de una medida de justicia social difícilmente criticable, excepto por la forma en que ha sido anunciada.

Zapatero acostumbra a inaugurar el curso político, a comienzos de septiembre, en un mitin de su partido celebrado en su tierra. Y lo hace cada año anunciando una subida de pensiones. Mejor es que anuncie eso que otras cosas, pero, al hacerlo en un mitin partidista, confunde su condición de presidente del Gobierno con la de secretario general de su partido. Y en esta ocasión lo confunde sobre todo con su condición de candidato electoral para los comicios de marzo.

Quizá ha habido exageración en algunas críticas, pero el argumento con que le ha defendido el secretario de organización del PSOE, José Blanco, es de doble filo: ha dicho que se trata de cumplir un compromiso electoral. Es cierto que en vísperas de las elecciones de 2004, Zapatero se comprometió a subir las pensiones mínimas un 24% a lo largo de la legislatura, lo que implicaba subirlas cada año por encima de la media; pero en el mismo acto prometió hacerlo al inicio de la legislatura y no a las puertas de una campaña electoral. "Eso nunca lo haré", dijo el 25 de febrero de 2004, a dos días del inicio de la campaña.

Lo dijo a modo de reproche al PP, cuyo ministro de Trabajo (y Portavoz del Gobierno), Eduardo Zaplana, había anunciado tres meses antes incrementos en las pensiones de jubilación y viudedad, lo que los socialistas consideraron una medida electoral pagada con fondos públicos. El reproche tenía sentido porque, entre otras cosas, esa subida más que proporcional para esas pensiones ya figuraba en el acuerdo de desarrollo del Pacto de Toledo (acuerdo suscrito en 1995 por todos los partidos para garantizar la viabilidad del sistema de las pensiones); y porque en ese pacto, y a instancias precisamente del PP, se había incluido el compromiso de los partidos firmantes de no utilizar el problema de las pensiones como elemento de confrontación partidaria. Pero es un reproche que resulta hoy perfectamente aplicable a los socialistas.