Condenado un cura español en Paraguay por desvío de fondos

El sacerdote salesiano español Antonio Rubio fue condenado el viernes a cinco años y seis meses de prisión por un tribunal paraguayo, que lo encontró culpable de haber desviado 2,3 millones de dólares (1,6 millones de euros) de una donación de la Unión Europea. El dinero estaba destinado a financiar 50 pozos de agua. Rubio, de 61 años, se declaró inocente y anunció que recurrirá el fallo. Mientras, quedará en arresto domiciliario.

"Jamás me he quedado con un solo guaraní del pueblo paraguayo. Sigo asegurando que soy inocente. Tenemos que seguir luchando", dijo Rubio, tras ser condenado por el delito de lesión de confianza junto a otros dos de sus antiguos colaboradores, los paraguayos Sócrates Garcete y Rubén Ramírez Cataldo.

La Unión Europea había entregado el dinero a la Fundación Ysacá (agua transparente, en idioma guaraní), coordinada por el religioso para la construcción de la red de pozos artesianos, que iba a beneficiar a 5.000 familias de comunidades rurales de Paraguay.

En su defensa, Rubio alegó que fue engañado por Ramírez Cataldo, quien le garantizó que triplicaría la suma si invertía el dinero en la Fundación María Gloria, que él dirigía en Panamá. El dinero desapareció y los pozos no pudieron ser construidos. En su alegato final, Rubio señaló que había regresado voluntariamente de España para someterse a la justicia y pidió disculpas a las personas afectadas.

Los tres condenados permanecerán en prisión domiciliaria hasta que sea firme la sentencia. Jorge Bogarín, uno de los abogados del sacerdote, dijo que piensa apelar "condena absolutamente injusta". La fiscalía y la acusación particular (ejercida por los abogados de la UE) habían solicitado 10 años de cárcel, la máxima pena para ese delito, para Rubio y Garcete, y seis años para Ramírez Cataldo. Los querellantes se mostraron satisfechos con el fallo.

El religioso salesiano es una persona muy apreciada en el país, donde reside desde hace 25 años, por la ejecución de obras sociales como la construcción de varios miles de viviendas populares en las afueras de Asunción. En otro proceso, cuyo inicio está previsto para el 2 de octubre próximo, Antonio Rubio está acusado de la sobrefacturación de 700 millones de guaraníes (unos 100.000 euros) en la construcción de nueve pozos piloto en el mismo proyecto financiado por la Unión Europea.