Los Franco alegan que sólo pretenden proteger su intimidad

Los herederos de Francisco Franco, propietarios del Pazo de Meirás, han obstaculizado la inspección de la finca por parte de la Consellería de Cultura para preservar la intimidad de su residencia veraniega. Estos fueron los argumentos que un abogado de la familia esgrimió anteayer cuando negó el acceso a un equipo de técnicos que pretendía evaluar el estado de la propiedad para su posible declaración como Bien de Interés Cultural.

El secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda, solicitó ayer a la Xunta que "sepa compatibilizar los intereses privados de cualquier familia con los intereses generales". El gobierno local de Sada, en cuyo término municipal está Meirás, mostró su apoyo a la actitud de Cultura "porque la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia es de obligado cumplimiento, para las administraciones y para los particulares, se llamen como se llamen", expresó en un comunicado el alcalde, Abel López Soto, del BNG.

El desencuentro de la mañana del pasado jueves fue el desenlace último, por el momento, de la serie de aplazamientos y largas que los propietarios, y en concreto Carmen Franco Polo, la hija del anterior jefe del Estado, han venido dando a la pretensión del Gobierno gallego de visitar el Pazo. Según Cultura, la familia mostró en un primer momento su buena disposición y se llegaron a fijar dos citas, a las que no acudieron los propietarios, por lo que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta anunció la fecha de anteayer mediante un burofax. Según fuentes próximas a la familia, la actual postura de los Franco se debe a su temor a que "no se preserve su intimidad", y para ello exigen que se garantice la confidencialidad del material que se obtenga en la inspección, y que no tenga más difusión que la de un expediente administrativo normal. Uno de los aspectos que más suspicacias levantó fue que el escrito de la consellería que comunicaba la inspección mencionaba que se realizaría "un amplio reportaje fotográfico del conjunto".

"Lo que se va a revisar son fondos de valor cultural por parte de unos técnicos y para elaborar un expediente administrativo. Si la resolución final es favorable a declarar el Pazo como Bien de Interés Cultural, el público tendrá acceso al edificio cuatro días al mes", señaló la responsable de Cultura, Ánxela Bugallo. Ni por supuesto en la dictadura, ni tampoco durante la democracia, ni siquiera a raíz de un incendio en 1978, Meirás ha sido objeto de análisis para determinar el estado de los elementos de valor artístico que guarda. "No tenemos expectativas de lo que vamos a encontrar o no, precisamente porque lo que queremos es comprobar qué hay y en qué estado está. En un futuro, si llega el caso, las partes que se podrán visitar o no dependerán precisamente de esa evaluación", aseguró la conselleira.

El recurso presentado por los representantes legales de los Franco se acoge a la inviolabilidad del domicilio, que reconoce la Constitución, y también en jurisprudencia, que obliga a establecer previamente el alcance y la duración de una inspección.

Desde la consellería argumentaron, sin embarg,o que a sus técnicos les fue denegado el paso no sólo al edificio, sino a los terrenos. Los servicios jurídicos del departamento autonómico están elaborando un expediente de posible sanción, por si la negativa de los Franco supone un incumplimiento de la ley que obliga a los propietarios de bienes inventariados como patrimonio cultural a acceder a las inspecciones, y prevé una multa de hasta 60.000 euros en caso contrario. Si no cumpliesen con la obligación de conservarlos y protegerlos, la normativa contempla incluso la expropiación. También solicitarán la próxima semana una orden judicial para entrar al Pazo.