La Generalitat considera que el depósito de Vinaròs afectará a la pesca de 17 pueblos

El depósito submarino de gas que el Ministerio de Industria quiere instalar en Vinaròs afectará directamente a la actividad pesquera de 17 municipios, ocho de ellos en la Comunidad Valenciana y el resto en territorio catalán. Así consta en una primera evaluación ambiental del proyecto elaborado por la Administración valenciana y que el Ayuntamiento catalán de Alcanar utilizará como argumento para que el resto de los municipios del Ebro se sumen al rechazo a la instalación. El depósito tendrá una capacidad de 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos). Alcanar exigió ayer a la Administración central ser considerado parte afectada y que la Generalitat catalana pueda vetarlo, pese a estar situado en territorio valenciano.

Las flotas desde Peñíscola a L'Ametlla tendrán prohibido faenar en la zona

El río Sénia, ahora un torrente seco, divide las demarcaciones de Castellón y Tarragona. La empresa Escal UGS compró en 2003 unos terrenos colindantes con este río en el lado valenciano con la previsión de construir una planta de transformación del gas que se almacenaría en un depósito subterráneo, situado a unos 20 kilómetros mar adentro, en un antiguo pozo petrolífero, ahora en desuso.

Esta planta transformadora y sus chimeneas de 60 metros son el origen del rechazo social que ha despertado el proyecto en Alcanar por su impacto visual y el temor a sus emisiones, ya que se ubicaría a menos de 1,5 kilómetros del casco urbano. De hecho, medio pueblo queda dentro de un radio de 2 kilómetros de la planta y los vientos en la zona, normalmente de mar hacia tierra, llevarían sus gases hacia el núcleo urbano de Alcanar.

La flota pesquera desde Peñíscola (Castellón) hasta L'Ametlla de Mar (Tarragona) tendrá prohibido navegar y faenar en los entornos del depósito de gas y junto a la tubería de 20 kilómetros que lo transportaría hasta la planta de transformación, ya en tierra. Así lo establece la normativa de seguridad de este tipo de instalaciones, aseguraron fuentes municipales.

El pleno municipal aprobó ayer con la unanimidad de ICV, PP, CiU, PSC y ERC -que ostenta la alcaldía- un documento de 16 folios de alegaciones que inciden tanto en los riesgos sobre la proximidad de la planta como en el freno que supondría para el actual proceso de reconversión económica, tradicionalmente basada en el cultivo de cítricos pero ahora centrada en el turismo.

El grupo municipal de Convergència i Unió se comprometió a trasladar esta oposición a la Diputación de Tarragona mientras que el del PSC hizo lo propio con la Mesa de la Sénia, una mancomunidad que alberga municipios catalanes y valencianos.

El mismo plenario exigió al Ministerio de Industria, que considera urgente la construcción de este depósito de gas, que la Generalitat de Cataluña emita un informe preceptivo previo a la autorización de las instalaciones, debido a su proximidad al núcleo urbano de Alcanar.

En las elegaciones se lamenta que el Ministerio de Industria, que preside el catalán Joan Clos, únicamente haya solicitado una evaluación ambiental al Gobierno valenciano y ni siquiera se informase de este proyecto al propio ayuntamiento. Además, el litoral de este municipio está protegido por el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero aprobado la pasada legislatura por el Ejecutivo catalán y que impide cualquier actividad industrial en la costa.

De hecho, junto al río Sénia pero en el lado catalán, el litoral está considerado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat catalana como de "especial protección" dado su gran valor medioambiental debido a que ha permanecido al margen de la presión urbanística durante décadas. El consistorio de Alcanar considera injustificable que junto al río y en unos terrenos protegidos se construya una industria que ayer su alcalde, el republicano Alfons Montserrat, calificó de "monstruosa".

El Gobierno valenciano no se pronunciará al respecto hasta la próxima semana, según señalaron fuentes de la Generalitat.