La sombra de Fraga

Durante los 15 años en que Manuel Fraga y el PP gobernaron Galicia con amplísimas mayorías absolutas no faltaron las denuncias sobre el derroche y el uso sectario de los fondos públicos, consecuencia directa del clientelismo desaforado que distinguió las políticas de la Xunta en esa larga etapa. Pero los mecanismos que otorgan las mayorías para reforzar la opacidad del poder, junto a esa sensación que suele instalarse en los políticos de que las victorias electorales equivalen a una suerte de absolución universal, contribuyeron a que el PP de Fraga saliese indemne de las sospechas que enturbiaron su gestión.

Dos años después de abandonar el poder, algunos cadáveres empiezan a asomar desde los armarios. Y no precisamente porque la coalición entre socialistas y nacionalistas que ahora gobierna la Xunta se haya afanado mucho -más bien al contrario- por rebuscar en los cuartos más polvorientos de la Administración. Ha sido el Consello de Contas, una especie de Tribunal de Cuentas autonómico, cuyos miembros fueron designados por el Parlamento gallego durante la etapa del PP, el que acaba de poner al descubierto un rosario de irregularidades, despilfarros y tratos de favor de gravedad considerable.

El informe sobre la gestión de la Xunta en 2003 y 2004, los dos últimos del PP en el Gobierno, viene a confirmar algunas sospechas que eran un secreto a voces. El más clamoroso, el de la Ciudad de la Cultura, un faraónico complejo arquitectónico con el que Fraga pretendía pasar a la posteridad. No es sólo que el proyecto, iniciado en 1999, haya triplicado su coste inicial, de 120 a más de 370 millones de euros, como constata el organismo auditor. El Consello va más lejos y reprocha al Ejecutivo del PP que hubiese "abdicado de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos". El Gobierno de Fraga puso mucho cuidado en evitar que se conociese el monumental derroche. Así, la Consejería de Cultura, que gestionaba el proyecto, encargó su auditoría de cuentas a una sociedad cuyos miembros tienen vinculaciones empresariales con ex altos cargos del departamento, y a la que pagó 4 millones de euros indebidamente por gestionar contratos de patrocinios publicitarios. El cúmulo de irregularidades denunciadas salpica a otros departamentos de la Xunta y también a instituciones locales.