Militares al servicio del narcotráfico colombiano
El Gobierno retira a varios oficiales y la fiscalía ordena 10 detenciones en el Ejército
Una investigación de la Fiscalía y del alto mando de las Fuerzas Armadas desvela que ex militares y altos oficiales en activo están al servicio del cartel del norte del Valle, la organización del narcotráfico más poderosa en Colombia. Su jefe es Diego Montoya, don Diego, por quien El Gobierno de EE UU ofrece una gran recompensa. Algunos han sido pasados a retiro sin explicaciones, como el contraalmirante Gabriel Arango; otros, detenidos.
El caso más grave se da en la Tercera Brigada con sede en Cali, la capital del Valle, que actúa en los tres departamentos del sur del país donde se concentra gran parte del narcotráfico: Nariño, Cauca y Valle. Su comandante en jefe, el general Hernando Pérez, fue destituido el viernes. La revista Semana informa de que la fuerte infiltración del narcotráfico entre los oficiales de esa brigada aceleró la decisión. El ministro de Defensa afirma que el cambio estaba previsto.
La cúpula militar rechaza que se trate de un problema generalizado. Alega que son manzanas podridas que no pueden manchar la institución. Y alegan en su defensa el alto poder de corrupción del narcotráfico: el negocio de la cocaína mueve en Colombia más de 2.500 millones de dólares al año.
Pero el caso de la Brigada en Cali hace tambalear el argumento de la manzana podrida. En ella, la corrupción ha hecho metástasis. La alerta se dio el año pasado cuando un soldado de alta montaña del Ejército asesinó a un policía experto en operaciones antinarcóticos. El coronel que comandaba el batallón estaba en la nómina de don Diego, según la fiscalía.
Una investigación interna salpica a 12 oficiales. Los tres oficiales detenidos han tenido que ver con la Tercera Brigada. El que era su jefe de operaciones hasta junio, coronel Javier Escobar, tenía acceso a todos los movimientos de la tropa y podía avisar a los hombres del cartel del norte del Valle. Otro oficial detenido es un comandante que dirigía un batallón encargado de combatir a los ejércitos de matones de don Diego. El tercero fue jefe de las fuerzas especiales.
Hasta el momento se ha dictado orden de captura contra tres oficiales y siete ex oficiales; dos de ellos están prófugos.
El contraalmirante Gabriel Arango, a quien el mando pasó a retiro hace dos meses amparándose en la facultad que le permite hacerlo sin tener que explicar el motivo, ha defendido su inocencia a través de la radio y pidió que le investiguen. Su caso tiene que ver con la complicidad en la carga de los barcos que partían de la costa Caribe y con la devolución de un millonario cargamento.
Lucha contra la marihuana
Tras el descalabro sufrido en la lucha contra la marihuana a finales de los años setenta, el Ejército tomó distancia de la lucha contra la droga. Para Ricardo Vargas, experto en narcotráfico, el enfoque político dado a la lucha antidrogas, como fuente de financiación de la guerrilla, que presidió la lucha en las zonas de los cultivos (militarización y fumigación, que es la base del Plan Colombia, orquestado desde Estados Unidos) tuvo dos consecuencias funestas: disminuyó la capacidad de información sobre las organizaciones mafiosas que se consolidaron e involucró a las Fuerzas Armadas (compuesta por 180.000 personas) en esta lucha. "Se creó un espacio para la infiltración que hoy se ve", dice el experto.
"En un país afectado por el narcotráfico y la mafia es inevitable que organismos del Estado y el sector privado sufran este tipo de infiltraciones", dice el analista y experto en seguridad Alfredo Rangel. Agrega que el hecho de que el Ejército esté comprometido de manera tan honda en la lucha contra el narcotráfico, lo coloca en un alto nivel de vulnerabilidad. "Ha existido mucho descuido en contrainteligencia para detectar estos problemas", asegura.
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