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La fiscalía investiga facturas de Mutua Universal por obras en sus inmuebles

Empresas vinculadas duplicaron los costes de sus proyectos, hasta sumar 8,26 millones

Los presuntos desmanes de Mutua Universal también tienden sus tentáculos al sector del ladrillo. La Fiscalía investiga tres sociedades inmobiliarias y de instalaciones supuestamente vinculadas a la mutua de accidentes de trabajo mediante las cuales la entidad habría podido malversar fondos de la Seguridad Social. Las sospechas se centran en que estas sociedades habrían duplicado facturas por obras en los inmuebles de la entidad en Barcelona, hasta un montante de 8,26 millones de euros. Alguna también habrían cobrado por servicios de intermediación poco justificables.

La investigación en torno a la tercera mutua española de accidentes de trabajo ha destapado tres sociedades inmobiliarias y de instalaciones vinculadas a la misma (Asgenta SL, Reston Conforting y Netredes SL) mediante las cuales llevaba a cabo supuestamente operaciones inmobiliarias de las que pasaba factura a la Seguridad Social.

Fuentes de la investigación señalan que, por una parte, algunas de estas sociedades habrían actuado como intermediarias de operaciones que normalmente no requieren mediación alguna -y por las cuales cobraban su comisión correspondiente- y, por otra parte, llevaron a cabo obras en sus centros. La entidad catalana podría haber duplicado el valor de estos proyectos en las facturas, hasta los 8,26 millones de euros.

Estos fondos se sumarían a los 6,135 millones de euros que Mutua Universal pudo facturar por servicios inexistentes a través de sociedades también vinculadas, según el informe que la Intervención General de la Seguridad Social remitió a Fiscalía. En este capítulo figuran sociedades como Centros Sanitarios General, Proyectos Sound y Perplex, entre otras.

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el director de la mutua, Juan Aicart, su mano derecha, Eduardo Villa, y otros colaboradores próximos por presunta malversación de caudales públicos, es decir, por desviar el dinero público que reciben de las cuotas de la Seguridad Social a negocios privados. La investigación se halla en una fase embrionaria.

Sociedades bajo lupa

Son varias las sociedades miradas con lupa. Reston Conforting, con sede en Barcelona, se dedica a la construcción de edificios, promoción y compraventa, así como a otras instalaciones de edificios y obras, según consta en el registro mercantil. Tiene su domicilio social en el número 385 de la calle Aragón, precisamente donde se localiza Asgenta, otra de las sociedades vinculadas a la mutua. Y también se encuentra en ese número Centros Sanitarios General, que también está investigada.

Asgenta, que se dedica a la auditoría, asesoría fiscal y a instalaciones de edificios y obras, aparece a su vez vinculada a Pauta System, que es una de las compañías que la Intervención de la Seguridad Social puso en la picota al revisar las cuentas de Mutua Universal correspondientes a 2006.

Pauta System funcionaba con facturas por servicios prestados y, cuando la Seguridad Social le reclamó una justificación más fiable de sus gastos, alegó la destrucción de los ficheros y que había subcontratado algunos servicios. Además de a Pauta, Asgenta también está vinculada a la sociedad Consultores en Previsión Social.

Netredes se dedica instalaciones eléctricas, instalaciones de redes telegráficas o telefónicas. Un empleado de esta compañía explicó ayer que Mutua Universal es cliente de la empresa, pero negó cualquier vinculación a la mutua o sus directivos más allá que la propia entre proveedor y cliente. "No hay más que la que uno tiene con su panadero", agregó, por si quedaban dudas.

Con 147.416 empresas asociadas y 1,5 millones de trabajadores cubiertos, Mutua Universal celebra este año un amargo centenario. El posible delito que ha apreciado la Fiscalía en la actuación de la entidad ha sorprendido a sus trabajadores. Un portavoz del comité de empresa explicó ayer a este diario que, desde que saltó la noticia del presunto delito en la mutua, el pasado miércoles, no le ha sido posible contactar con ninguno de sus directivos.

Sólo ese mismo miércoles, cuando la Policía Nacional registró la sede de la entidad en Barcelona, el comité ejecutivo se dirigió a sus empleados y empresas asociadas o vinculadas para defender su inocencia.

Los ejecutivos manifestaron la convicción de que todas las acciones que ha venido efectuando la Mutua lo han sido en beneficio de las empresas y trabajadores asociados".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de agosto de 2007