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El Defensor del Pueblo investigará si se respeta la legislación sobre el aborto en España

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, anunció ayer que va a investigar si se respeta la legislación sobre el aborto en España. La ley, de 1983, garantiza el derecho de toda mujer a abortar en un centro público y de forma gratuita en tres supuestos: que su vida corra un grave peligro físico o psíquico, que el feto presente alguna malformación o que el embarazo sea consecuencia de una violación. IU-ICV intentó esta legislatura ampliar los supuestos, pero el PSOE se opuso.

La decisión llega, según el propio Múgica señala en un comunicado, como respuesta "a ciertas informaciones publicadas en algunos medios de comunicación sobre las dificultades que encuentran las mujeres para interrumpir su embarazo", en referencia al artículo de EL PAÍS del 31 de julio de este año. Según estas denuncias, sólo el 3% de los abortos legales se practica en hospitales públicos.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad dijo ayer que el gabinete "queda a disposición del Defensor del Pueblo". Explicó que garantizar el acceso al aborto es labor del Ministerio, pero que la forma de gestionarlo es competencia de las comunidades autónomas. En este sentido, añadió que "Sanidad no ha tenido conocimiento de ningún caso en que alguna mujer se haya visto privada de su derecho".

El responsable puntualizó que el derecho de las mujeres a abortar en los supuestos legales debe ser compatible con el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. "Esto justifica los conciertos con clínicas privadas, donde la interrupción del embarazo se financia con dinero público", defendió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de agosto de 2007