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Hasta el celador objeta

Ana -nombre supuesto de una madre compostelana- se sometió este año a un parto inducido a las 18 semanas de gestación. El feto tenía serias malformaciones que hacían inviable el embarazo. La amniocentesis no dejaba lugar a dudas y ella decidió acogerse al tercer supuesto de la ley para abortar. Pero en Santiago de Compostela todos los ginecólogos de la red pública se declaran objetores, así que Ana sólo podía acudir a Madrid, a una clínica privada-concertada.

Tras agotar recursos y amistades, consiguió que un especialista de Ourense le programara el aborto. Médico, matrona, enfermera y anestesista la asistieron durante ocho horas que la compostelana recuerda como un proceso "lento, muy lento y especialmente doloroso". Pero no habría de ser éste su único dolor. Apenas salida del paritorio de la red pública orensana, se topó de bruces con un nuevo rechazo. El celador que debía transportarla en la camilla se negó a hacerlo aduciendo una objeción de conciencia que en el caso de los meros portadores de pacientes no está reconocida. La matrona puso el grito en el cielo y en un arrebato de genio contenido acabó trasladando ella misma a la paciente.

El doctor José Luis Doval habla de doble moral. "La ley favorece que se puedan practicar abortos, pero si hay voluntad", señala. Hasta hace año y medio, Doval era el único especialista que practicaba abortos en la sanidad pública gallega. Cuando él estaba de vacaciones, sencillamente, no se hacían.

Precisamente para convencer a los ginecólogos, la consejera de Sanidad, la socialista María José Rubio, ha hecho listados oficiales de los médicos que se declaran objetores y ha ofrecido un plus de sueldo a los médicos del Servicio Gallego de Salud (Sergas) que se decidan a practicar los abortos amparados por la ley. Porque, como reconoce la asistenta social del Centro de Orientación Familiar (COF) orensano, Celsa Perdiz, la conciencia es selectiva. "Todos los prejuicios que tienen los sanitarios para practicar los abortos en la red pública suelen desaparecer en las clínicas privadas", señala Perdiz, poniendo de manifiesto cómo el estímulo económico rebaja el umbral de los prejuicios morales.

Con estas medidas, han conseguido que al menos tres hospitales públicos practiquen ya abortos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de julio de 2007