El Poder Judicial propone expedientar al juez que negó una custodia a una lesbiana

Una falta grave por utilizar "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas desde el punto de vista del razonamiento jurídico". Es la sanción que la inspección del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto imponer al juez de familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita. El magistrado -que ahora se encuentra de baja médica- ha negado a una mujer la custodia de sus dos hijas por ser homosexual y lleva más de un año impidiendo que una mujer adopte a la hija de su esposa, a pesar de que la ley lo permite.

La falta con la que se propone sancionar al magistrado lleva únicamente aparejada una sanción de multa de 300 a 3.000 euros. Un castigo escaso, según algunos de los vocales de la Comisión Disciplinaria, que se reúne hoy para, entre otras cosas, discutir el caso y decidir si se abre un expediente. Si se entendiera que el juez sólo ha incurrido en esta falta, continuaría impartiendo justicia en su mismo destino. De cualquier forma, los cinco miembros de la Comisión Disciplinaria no están atados por la propuesta, sino que pueden decidir lo que estimen pertinente cuando estudien las actuaciones del juez.

"No se puede permitir que en el siglo XXI haya jueces que impidan, por sus creencias personales, el ejercicio de los derechos constitucionales de las personas", opina la vocal Ángeles García. Algunos miembros del Poder Judicial entienden que la actuación del juez podría ser constitutiva incluso de un delito de prevaricación -que supone dictar una resolución injusta a sabiendas-, por no respetar la ley vigente.

Tanto la mujer a la que ha negado la custodia como la pareja de lesbianas a las que ha impedido adoptar han recusado al juez para intentar apartarlo de los procedimientos y poder ejercer los derechos que les otorga la ley. El abogado de Vanesa de las Heras, la mujer que no ha conseguido adoptar a la hija de su esposa, ha pedido al Poder Judicial que se expediente al magistrado por falta muy grave -castigada con la suspensión, el traslado o la separación del cargo- y también que se le incapacite "por razones psíquicas (...), por su repetido fanatismo y desprecio hacia los derechos legales en el ámbito de familia de las personas homosexuales".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, manifestó ayer sobre el caso que "no parece estar dentro del ámbito del juez la utilización de las sentencias para defender conceptos que están al margen de los principios constitucionales". El ministro aclaró que corresponde al Poder Judicial determinar las responsabilidades por este asunto.