Agricultura negocia aplicar al vino las líneas de la OCM de la fruta

El Ministerio de Agricultura quiere trasladar algunos de los puntos más importantes aprobados para la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas a la reforma del vino que se debe negociar en el segundo semestre del año. Esta política afectaría a los mecanismos para los pagos referidos a la materia prima que se envía a la industria, como mostos y vino para su transformación en alcohol.

Para el secretario general de Agricultura, José Puxeu, a partir de la nueva OCM de frutas y hortalizas, donde España logró la aprobación de un sistema transitorio para el pago de las ayudas a los productos destinados a la transformación industrial, se puede hablar de OCM de nueva generación.

Para la aplicación de esa reforma, España trata de contar con el apoyo de otros países mediterráneos, muy especialmente de Italia y Portugal (este último ocupa desde este mes la presidencia de la Unión Europea para el segundo semestre).

La reforma de la OCM del vino, de la que la Comisión presentará la propuesta el próximo miércoles en cada uno de los Estados miembros, es rechazada radicalmente por todo el sector agrario español, según el contenido de los últimos borradores.

Entre los puntos más importantes, Bruselas quiere eliminar todos los mecanismos de regulación, como son el almacenamiento privado, las ayudas para mostos -unos cinco millones de hectolitros- o la destilación para alcohol de otros siete millones de hectolitros. España se opone frontalmente a esa posibilidad.

Salida intermedia

Frente a esa supresión de los mecanismos de regulación, la Administración española, como en el caso de las frutas y hortalizas, pretente una salida intermedia. Esta salida consistiría, en un periodo transitorio, en el establecimiento de contratos entre productores e industriales para cobrar unas ayudas directas en función de las entregas. A partir de esa fase transitoria, se asignarían unos derechos de pago a cada viticultor en función de las entregas realizadas.

En relación con la nueva reforma del vino, el sector productor apoya los planteamientos comunitarios para prohibir la vinificación de los mostos importados, por lo que podrían suponer de aumento de excedentes. Igualmente apoyan el rechazo a la chaptalización o enriquecimiento artificial del vino con azúcar que practican una serie de países en el norte de la Unión Europea y que rechazan los países del sur.

En la parte contraria, el sector se opone a la liberalización de plantaciones desde el año 2013, así como a la posibilidad de que una parte del presupuesto comunitario se destine a actuaciones en el medio rural, que en muchos casos no van a los bolsillos de los agricultores.

El Gobierno de Bruselas mantiene los arranques de vides como un medio para reducir el potencial productivo, aunque rebaja la cifra inicial de 400.000 hectáreas a unas 150.000 y con posibilidades de limitar los arranques en algunas zonas según el peso económico del viñedo.

Uno de los ejes de la reforma estará en la distribución de los fondos y en el importe del sobre nacional para que cada país afectado lo redistribuya según sus prioridades